Argentina y Repsol firmaron ayer el acuerdo de compensación por YPF en un acto en el que participaron el ministro de Economía, Axel Kicillof, y los ejecutivos de Repsol, Luis Suárez de Lezo y Nemesio Fernández Cuesta.
El consejo de administración de Repsol quiere mantener todas las cautelas posibles ya que considera que el escenario aún no está despejado. Una parte de la oposición, encabezada por la diputada Elisa Carrió, presentó una denuncia contra el acuerdo en diciembre y la petrolera, tal y como adelantó elEconomista, quiere tener previstos todos los escenarios por si se produjera alguna modificación que pudiera afectar al cobro.
La petrolera se blinda ante la aparición de cualquier "medida disruptiva", embargo u otra situación que impida o limite a Repsol el cobro de la compensación de los títulos públicos o su libre disponibilidad antes del cierre. Para ello, ha preparado un amplio espectro de protecciones entre las que figura el establecimiento de la posibilidad de una aceleración (vencimiento anticipado y exigibilidad en efectivo) del cobro, así como poder exigir el devengo de intereses de demora (transcurrido un periodo de subsanación de 30 días y con un interés efectivo del 10,50 por ciento anual) y el derecho de retención de Repsol sobre los títulos públicos, con la facultad de disponer de los mismos y aplicar su producto al pago de la deuda.
Además, Argentina constituirá una garantía específica adicional que asegure que la percepción de los tres primeros pagos semestrales de intereses del bono Bonar 24 estarán cubiertos con una garantía de 150 millones de dólares con una vigencia de 18 meses.
La petrolera ha enviado ya para su estudio por parte de los accionistas el informe elaborado sobre la propuesta de acuerdo por su consejo. En el mismo, al que tuvo acceso este diario, se reitera su disconformidad con la expropiación, con el procedimiento mediante el cual fue preparada y con el monto ofrecido a título de compensación.
La compañía asegura que el acuerdo es "la mejor alternativa de entre las que razonablemente cabría adoptar como solución al conflicto de la expropiación de YPF" y considera que con esta medida podrá mejorar la percepción en el mercado (lleva tiempo esperando un incremento de su calificación crediticia), una reducción de los costes financieros y un ahorro en los procesos judiciales. El acuerdo supone que Repsol retirará las 31 demandas interpuestas en diferentes tribunales. La compañía también considera que con este acuerdo se libera del esfuerzo al equipo gestor.
Por otro lado, el ministro Kicillof aseguró ayer que en Argentina "hay gente molesta porque se haya arreglado" y destacó que el acuerdo "es muy beneficioso para Argentina". El ministro además sacó pecho al asegurar que no paga en efectivo a la compañía sino en bonos a 20 años y explicó que no se trata de ganar. La ley, aseguró, no dice "vaya y revienten a la empresa que era el dueño", ya que exige que se pague por la expropiación. El titular argentino, que aseveró que "es obvio que el país debe pagar un interés por Repsol", le dio la razón a la española al asegurar que se ha pagado "menos de lo que pedía".
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