MADRID (Reuters) - El presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Fernando Restoy, estimó en 1.552 millones el volumen de los laudos arbitrales favorables a la clientela minorista por la venta fraudulenta de las participaciones preferentes y deuda subordinada de BFA-Bankia y NCG Banco.
"Los laudos van avanzando a buen ritmo y ya se han resuelto de forma favorable al cliente procedimientos con un volumen de 1.056 millones de euros, correspondientes 117.685 clientes", dijo el miércoles el presidente del FROB, Fernando Restoy, en relación con la nacionalizada BFA-Bankia, cuyo proceso arbitral debería estar finalizado en el primer semestre de 2014.
Sobre esta entidad, el FROB tiene abierto un proceso para contratar al menos un banco de inversión para analizar la estrategia de desinversión de la participación del Estado en Bankia.
El también subgobernador del Banco de España añadió que en el caso de NCG -- ya privatizada tras su adjudicación a finales de diciembre por 1.003 millones de euros al banco venezolano Banesco --, cuyo proceso de arbitraje ya está concluido, los laudos positivos favorables al cliente sumaron un total de 496 millones de euros.
La cifra favorable a los minoristas podría incrementarse teniendo en cuenta que en Catalunya Banc -- actualmente en proceso de análisis previo a su eventual venta --, se han admitido de momento a trámite reclamaciones correspondientes a 338 millones de euros. El proceso en este caso debería estar finalizado en los próximos meses, señaló Restoy.
El máximo representante del FROB estimó que en todo caso los procesos arbitrales habían permitido que más de 260.000 clientes hubieran obtenido o pudieran obtener próximamente una compensación equivalente al valor nominal de su inversión.
"Ello supone más de la mitad de los inversores minoristas que tenían acceso a los arbitrajes y más del 60 por ciento de los que lo han solicitado", explicó el presidente del FROB.
ESCÁNDALO DE PREFERENTES
Con especial incidencia en 2008 y 2009, varios bancos nacionales colocaron en los últimos años deuda subordinada o participaciones preferentes (de carácter perpetuo) entre clientes en muchos casos sin informar de los riesgos inherentes a la inversión.
Unos 300.000 inversores particulares se vieron atrapados en productos sin liquidez de Bankia.
Tras la nacionalización de algunas de las cajas de ahorros, que obligaba a las entidades a canjear estos productos por acciones aplicando importantes descuentos, miles de afectados presentaron demandas en los tribunales para tratar de recuperar su inversión alegando información falsa o incompleta.
En gran parte, los descuentos los impuso Bruselas para repartir las cargas del rescate financiero tras conceder a la banca española una ayuda de 41.300 millones de euros.
