La decisión de Ignacio González de poner fin al plan de externalizar la gestión de seis hospitales públicos de la Comunidad de Madrid tendrá sus efectos en la economía madrileña. Concretamente, el Ejecutivo regional tendrá que asumir un coste extra de 1.600 millones de euros en los próximos diez años, el plazo de adjudicación del concurso suspendido ayer.
El valor de los contratos, que han quedado ahora en papel mojado, ascendía a 5.580 millones de euros por la gestión sanitaria de estos hospitales durante la próxima década. Sin embargo, este coste para la administración era aproximadamente un 20% menor de lo que tendrá que gastar en los centros sanitarios en este periodo.
Según los presupuestos de la Comunidad de Madrid en el año 2012, los seis hospitales tenían asignado un coste conjunto de 718 millones de euros, lo que manteniendo este presupuesto para los diez próximos años -suele incrementar cada año- la cifra asciende a 7.180 millones de euros, 1.600 millones menos que lo asignado al concurso público ahora suspendido.
La Comunidad de Madrid aspiraba a ahorrar 143 millones de euros al año con la privatización de esta gestión. La cantidad suponía, efectivamente, un 20% menos del actual coste asistencial por habitante. Y ese era el margen "de eficiencia" que las empresas adjudicatarias tenían pensado aplicar a varios apartados, como la compra de bienes y servicios, la nueva organización profesional o la incentivación de la plantilla.
Además, el Ejecutivo iba a cobrar otros 28 millones de euros cada año a la empresas adjudicatarias en concepto de canon por el arrendamiento y uso de las infraestructuras puestas a su disposición.
Ribera Salud negocia
Entre las empresas afectadas por la paralización del proceso, Sanitas, el grupo puertorriqueño Hima San Pablo y Ribera Salud, sólo esta última ha expresado su opinión sobre la decisión de la Comunidad de Madrid. El grupo de hospitales valenciano -en el que Bankia, como informó ayer este diario, ultima la venta de su 50 por ciento al grupo estadounidense Centene- aseguró ayer estar "a la espera" de concretar con la Consejería de Sanidad "los trámites administrativos pertinentes para la ejecución de esta decisión".
Hay que recordar que Ribera Salud acudió a este concurso de la mano de la constructora OHL -a través de su filial concesionaria de servicios Ingesan- y de El Corte Inglés -con Iecisa, la empresa de consultoría tecnológica del grupo-.
Por su parte, el grupo Sanitas estudia aún los detalles de los pliegos por si pudiera reclamar alguna indemnización al respecto. El grupo Hima San Pablo aún no se ha pronunciado sobre la paralización.
Entidades
Las empresas podrían reclamar daños
