Bruselas, 11 ago (EFECOM).- El Gobierno español argumenta en la carta aclaratoria de la resolución de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la opa de E.ON, enviada ayer a Bruselas, que las condiciones impuestas a la operación persiguen proteger el suministro de España y considera "infundadas" las dudas de la Comisión Europea sobre su legalidad.
El Ejecutivo español señala que la decisión de la CNE de imponer condiciones al grupo alemán para adquirir Endesa persigue proteger la seguridad pública en España en los mismos términos reconocidos por la propia Comisión Europea (CE) y la legislación comunitaria.
Según indicaron a EFE fuentes conocedoras de la misiva, el Ejecutivo destaca que todas las condiciones respetan los principios comunitarios de proporcionalidad, no discriminación y se ajusta a las normas de libre circulación de capitales y derecho de establecimiento.
Por todo ello, se consideran "infundados" los reparos sobre la adecuación a la legislación comunitaria de la resolución de la CNE mostrados por la CE Europea en la carta remitida el pasado 3 de agosto a España, seis días después de recibir los casi 400 folios de documentación sobre la autorización a la opa.
Asimismo, España cree "injustificada" la urgencia con la que el ejecutivo comunitario instó al Gobierno a responder a las aclaraciones, dada la complejidad de los procesos jurídicos a los que se refiere.
Bruselas dio a España un plazo de cinco días hábiles al considerar que se trataba de una carta "formal", a pesar de tratarse de un requerimiento de "clarificaciones" al que el Gobierno no estaría obligado a responder.
La CNE aprobó el 27 de julio pasado la oferta de E.ON condicionada al cumplimiento de diecinueve requisitos, entre ellos la obligación de enajenar 7.390 megavatios (MW) de Endesa, un tercio de su potencia instalada en España.
E.ON deberá deshacerse de las centrales térmicas de la eléctrica que utilizan carbón nacional (Compostilla, Andorra y Anllares), los activos que tiene en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, la central nuclear de Ascó I, y ceder la gestión del resto de las nucleares participadas por Endesa: Santa María de Garoña, Almaraz I y II, Ascó II, Vandellós II y Trillo.
La CNE se reserva también la potestad de obligar a E.ON a vender la eléctrica española si durante los próximos diez años un tercero compra más del 50 por ciento del grupo energético alemán
E.On tampoco podrá fusionarse con Endesa en diez años y deberá mantener el domicilio social de la eléctrica en España.
La CE abrió el pasado mes de mayo un procedimiento de infracción a España por la ampliación de las competencias CNE aprobada tras la opa de E.ON sobre Endesa. EFECOM
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