Barcelona, 11 ago (EFECOM).- La Diputación Permanente del Parlament aprobó hoy una resolución, con los votos de CiU, ERC e ICV, en la que pide el traspaso de El Prat y de los demás aeropuertos catalanes, y acusa al Ejecutivo de Maragall de "inhibirse" durante la crisis que vivió el aeropuerto barcelonés el pasado 28 de julio.
La Cámara catalana no trató de la comparecencia del delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, ya que éste ha comunicado al presidente del Parlament, Ernest Benach, su disposición a informar de su gestión durante los hechos ocurridos en el Prat el citado día.
En su segunda reunión para debatir el conflicto que provocó la paralización de El Prat el pasado 28 de julio al invadir las pistas el personal de tierra de Iberia durante una huelga ilegal, la Diputación aprobó únicamente las propuestas presentadas por los grupos de la oposición (CiU, ERC y PPC).
En las resoluciones aprobadas se atribuye las principales responsabilidades de lo ocurrido a AENA, Iberia y al Ministerio de Fomento, pero también se critica al gobierno de la Generalitat por su "inhibición política y operativa".
Respecto al traspaso del aeropuerto barcelonés, CiU, ERC e ICV se unieron y aprobaron por amplia mayoría, y con los votos en contra de PSC y PPC, una resolución en la que se insta al Gobierno catalán "a desplegar las iniciativas que preveía el Estatut aprobado por el Parlament" y a "verificar el traspaso de la gestión integral del aeropuerto de El Prat por la vía del artículo 150.2 de la Constitución".
Este traspaso, añade el texto, debe ser realizado "sin perjuicio de que se adopten fórmulas de gestión en que puedan intervenir el mismo Estado, otras administraciones o el sector privado".
Sobre las responsabilidades políticas, la Cámara catalana lamenta "la falta de previsión y de iniciativa del Gobierno del Estado, que no ha sido capaz de garantizar el correcto y básico funcionamiento de una infraestructura tan importante como es el aeropuerto internacional del Prat", pero también "carga" contra la actuación del Ejecutivo de la Generalitat.
"El gobierno catalán -señala la propuesta de CiU aprobada- no ha sido capaz de informar de lo que iba pasando a la ciudadanía, ni de dar una respuesta rápida y adecuada de apoyo humanitario", por lo que constata su "inhibición política y operativa" a la hora "de intervenir para paliar los efectos del conflicto y contribuir a la normalización de la situación".
En otra de las resoluciones, la de ERC, el Parlament "constata el vacío de poder político en que por unas horas se encontró el aeropuerto de El Prat, lo que aún justifica más su traspaso al gobierno de la Generalitat".
La Cámara catalana reprueba "la falta de previsión y la inhibición de AENA, que es el ejemplo definitivo de su mala gestión, fruto de un modelo obsoleto y centralizado".
Los líderes de CiU y ERC, Artur Mas y Josep Lluís Carod-Rovira, se mostraron muy críticos con la actuación del Gobierno de la Generalitat en el conflicto, unas críticas que también han sido compartidas por el portavoz del grupo del PPC, Francesc Vendrell.
ICV, por su parte, consideró, a través de su portavoz, Joan Boada, que únicamente hay responsabilidades en el Gobierno del Estado, en AENA e Iberia, por lo que sólo votó a favor de algunos puntos de las resoluciones de CiU, ERC y PPC, pero coincidió plenamente con CiU y ERC a la hora de reclamar el traspaso de los aeropuertos.
El PSC se quedó sólo en su rechazo a las críticas a la gestión realizada por el Gobierno del Estado, y también votó en contra de la exigencia del traspaso del aeropuerto por el artículo 150.2, aunque en este último aspecto coincidió con el PPC.
Por lo que respecta a la comparecencia del delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, cuya solicitud fue aprobada en la reunión anterior de la Diputación, el presidente del Parlament, Ernest Benach, explicó que Rangel le ha comunicado por teléfono minutos antes del inicio de la sesión que desea comparecer de forma voluntaria.
Este hecho evitó tener que votar de nuevo su comparecencia, la cual, de haberse aprobado, hubiese sido obligatoria tras la entrada en vigor del nuevo Estatut.
La Junta de Portavoces empezó a estudiar la fecha de la comparecencia del delegado del Gobierno, que podría tener lugar entre los días 23 y 29 de agosto. EFECOM
cs.sr/pv/jlm
