Madrid, 10 ago (EFECOM).- El Ministerio de Fomento ha incoado un expediente administrativo sancionador contra Iberia por una infracción "muy grave" por los sucesos ocurridos en el aeropuerto barcelonés de El Prat el pasado 28 de julio, cuando los trabajadores de tierra de Iberia invadieron las pistas.
Según anunció la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, durante su comparecencia en la Comisión del Congreso, el Gobierno aprobará además un Decreto Ley con el objeto de que el Estado pueda subrogarse en las acciones legales para facilitar y agilizar las reclamaciones que los ciudadanos tienen para el ejercicio de sus derechos.
En su intervención para explicar los incidentes de El Prat, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, defendió la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) y admitió que se podía haber desalojado antes la pista del aeropuerto, aunque advirtió de que las "consecuencias podían haber sido nefastas".
Pérez Rubalcaba aseguró que las actuaciones de la Guardia Civil, Policía Nacional y la Delegación del Gobierno fueron "prudentes, oportunas y proporcionadas", en definitiva "correctas", y explicó que los criterios por los que se guió la actuación de las FSE fue el competencial, la oportunidad y la coordinación.
Según detalló, como consecuencia de los incidentes hubo 243 guardias civiles y 132 policías nacionales para dar respuesta a la situación de crisis generada en el aeropuerto ante una huelga y una ocupación "ilegal".
El ministro dijo que "ni la Policía, ni la Guardia Civil tenían noticias de que esa huelga ilegal pudiera llegar a producirse" y que ni la empresa, ni los sindicatos de trabajadores, ni las autoridades aeroportuarias "manifestaron ninguna inquietud especial" en los días anteriores al 28 de julio.
Pérez Rubalcaba señaló que a las 07.30 horas de ese día nadie recogía las maletas, por lo que las cintas de facturación se bloquearon y, además, los trabajadores de tierra de Iberia que conducían vehículos los iban abandonando sin llaves.
A las 10.15 horas algunos trabajadores ocuparon las pistas, actitud que no consiguió disuadir la Guardia Civil, pero finalmente a las 17.30 horas los agentes de la Sección de Intervención Rápida de ese cuerpo los desalojaron y detuvieron a nueve personas.
Las palabras del ministro fueron replicadas por la diputada del PP Alicia Sánchez-Camacho, quien le acusó de "lavarse las manos" y poner en "riesgo extremo" la seguridad aérea.
Durante la Comisión de Fomento, los grupos parlamentarios del PP, IU y ERC pidieron responsabilidades políticas a la ministra, al presidente de AENA, Manuel Azuaga, y al secretario general de Transportes, Fernando Palao, por los sucesos de El Prat.
ERC, CiU y IU-ICV exigieron cambios en el modelo de gestión aeroportuaria centralizado, en beneficio de la Administración catalana.
El portavoz del PP, Andrés Ayala recriminó al Gobierno por no actuar con celeridad y criticó la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Para el portavoz de ERC, Joan Puigcercós, El Prat se está utilizando como "elemento de compensación" por parte de AENA con Iberia, con la que mantiene un trato de favor, y el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, instó al Gobierno a cambiar de modelo de gestión aeroportuaria.
Alvarez calificó los sucesos en El Prat de "incomprensibles, inesperados y excepcionales" y explicó que tanto Fomento como AENA trataron desde el primer momento de minimizar sus efectos y que, al tratarse de una huelga no legalizada, no se pudieron establecer servicios mínimos.
La ministra aseguró que no hay motivos que justifiquen los actos vandálicos en El Prat, ya que "ni se perdían empleos, ni se modificaba la situación laboral de los trabajadores y se aplicaron las condiciones de los concursos de handling".
"Hemos tenido la valentía de adjudicar un concurso de forma transparente y no a quien todo el mundo esperaba que se le iba a adjudicar", dijo, antes de añadir que si Iberia no resultó adjudicataria en El Prat fue porque hubo otras ofertas mejores.
"Algunos diputados todavía no se han enterado de que Iberia ya no es una empresa pública", sentenció.
Con referencia al expediente de Fomento contra Iberia, el secretario general de Transportes explicó que la sanción puede alcanzar un máximo de 4 millones de euros, mientras que Iberia ha manifestado que se reserva el derecho de recurrir el expediente y ha asegurado que adoptó todo tipo de medidas para ayudar a los afectados a quienes buscó transporte alternativo y hospedaje.
Por su parte, la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) anunció que interpondrá una querella colectiva por delitos contra la seguridad aérea y detención ilegal en el Prat, mientras que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) mostró su satisfacción porque los afectados reciban indemnizaciones. EFECOM
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