El aval de Cesce a Sacyr para el Canal de Panamá se otorgó de forma irregular, según el Tribunal de Cuentas

Cesce cometió irregularidades al ofrecer su ayuda a Sacyr. Así lo indica un informe del Tribunal de Cuentas, en el que se afirma que el aval de unos 160 millones de dólares que la aseguradora pública facilitó a Sacyr para lograr el el proyecto del Canal de Panamá no estaba conforme con las condiciones generales de la compañía. Consulte aquí el informe del Tribunal de Cuentas.

El pasado viernes, la compañía española afirmaba que la paralización de la ampliación del Canal de Panamá no tendría un impacto considerable en sus cuentas, ya que la cantidad que tendría que pagar en concepto de indemnización está cubierta por los seguros y avales.

Así, el consorcio cuenta con un seguro de finalización de la obra por valor de 600 millones de dólares firmado con Zurich, además de haber presentado avales por 320 millones de dólares. De esta cantidad, la mitad los aportó la financiera semipública Cesce para responder ante una posible marcha de Grupo Unidos por el Canal (GUPC) de Panamá.

Este aval se habría realizado en contra del criterio de los servicios técnicos de la propia Cesce e incumpliendo procedimientos y normas, según revela un informe del Tribunal de Cuentas que hoy recogen varios medios.

En concreto, debió haberse aprobado una orden ministerial que le diera cobertura legal para separarse de las condiciones habituales. Además, el Tribunal también considera que se ha tomado un excesivo riesgo para el Estado por las irregularidades contractuales y por la "situación económico-financiera" de la constructora.

El órgano fiscalizador dice que no reprocha las condiciones en las que se pactó la operación y admite que el CESCE debe prestar el apoyo necesario a las empresas exportadoras españolas.

Sin embargo advierte de que se deben conciliar al máximo los criterios de oportunidad y el "respeto al marco legal contractual" que ha de aplicarse a todas las operaciones en aras del principio de seguridad jurídica, sobre todo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica pública del CESCE.

"A pesar de lo manifestado por la Entidad [Cesce] en fase de alegaciones, se incumplieron en la práctica prescripciones de las Condiciones Generales obligatoriamente aplicables a dicha clase de seguro; y, al estar en curso los riesgos cubiertos por la operación, no se puede determinar en este momento la trascendencia económica de la operación para el Estado", afirma en el informe.

El órgano fiscalizador analiza, sin citar expresamente, dos pólizas "que pertenecen ambas a la misma operación de exportación" y que correspondían a una misma obra de infraestructuras que se licitó por 5.250 millones de dólares (unos 4.032 millones de euros).

Fecha límite el 20 de enero

El grupo responsable de la obra, liderado por Sacyr e integrado también pro la italiana Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña Constructora Urbana, ha amenazado con suspender las obras por sobrecostes de 1.600 millones de dólares que quiere que asuma el país centroamericano, atribuibles a fallas geológicas imprevistas. Según han asegurado, si el gobierno panameño no cumple con el pago de esta cantidad, el próximo 20 de enero se suspenderán los trabajos.

En julio del 2009, el consorcio se adjudicó el proyecto por un coste de 3.120 millones de dólares, una cifra considerablemente menor que las ofertas de otros dos competidores.

El jefe de ACP, Jorge Quijano, ha dicho que el país centroamericano está preparado para negociar los costes adicionales si son justificados, en tanto que un funcionario panameño manifestó a Reuters que el gobierno ha considerado la creación de un fondo con todas las partes involucradas.

Por su parte, el Gobierno español ha abierto la vía diplomática para facilitar una solución y ha enviado a la ministra de Fomento, Ana Pastor, a interceder en el conflicto. La ministra se encuentra ahora en Panamá y hoy se reunirá con el presidente panameño Ricardo Martinelli a partir de las 15:30 hora española.