Empresas y finanzas

La Fiscalía intenta forzar la prescripción del crédito de Blesa a Díaz Ferrán

  • Manos Limpias le denunciará por un delito continuado para mantener viva la causa
  • Blesa dio a Marsans 26,6 millones de forma presuntamente irregular

El crédito que Caja Madrid concedió bajo la presidencia de Miguel Blesa al grupo Marsans, al frente del cual estaba Gerardo Díaz Ferrán, consejero entonces de la entidad y hoy en prisión, no se puede investigar. Esa es la postura que está defendiendo la Fiscalía, que está intentando forzar la prescripción del presunto delito, según todas las fuentes jurídicas consultadas.

El préstamo, por importe inicial de 26,6 millones de euros, fue aprobado en noviembre de 2008 por la caja, por lo que el Ministerio Público considera que podría haber prescrito, ya que han pasado ya los 5 años correspondientes. Su tesis es que no hay ahora mismo ninguna diligencia en marcha, después de que la Audiencia Provincial de Madrid anulara el pasado mes de junio toda la investigación llevada a cabo por el juez Elpidio José Silva.

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, ordenó solicitar en la Audiencia el archivo de esta causa, siguiendo los pasos de los abogados que defienden a Blesa. Y la Audiencia lo aceptó y acordó el pasado 19 de junio anular todo el proceso al considerar que el juez había convertido la concesión de un crédito a Marsans en una "causa general en busca de los responsables de la crisis económica que atravesamos y su castigo.

Anulación de la causa

En un auto notificado por la sección 30 de este tribunal, los tres magistrados estimaron así el recurso interpuesto y anularon no sólo las reaperturas, decretadas por Silva en junio y noviembre del pasado año, sino todas las actuaciones derivadas de las mismas. La sala aclara al titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que "en modo alguno la crisis en los Estados Unidos" ni la que desde 2010 padecen "los Estados de la eurozona", ni tampoco "una gestión bancaria nefasta" -argumentos que esgrimió Silva para reabrir la investigación- "pueden servir de base" para ello.

Frente a la postura que está intentando defender la Fiscalía para paralizar todas las investigaciones abiertas contra Blesa, tanto el juez Silva como Manos Limpias, que ejerce como acusación particular, consideran, sin embargo, que el presunto delito por el crédito no ha prescrito. El equipo jurídico de Manos Limpias ha confirmado de hecho a este periódico que está trabajando ya en la presentación de una querella por delito continuado contra Blesa.

"El delito no puede prescribir porque se no se trata de un caso aislado. No se trata de investigar un préstamo en concreto, el que se concedió en 2008 a Díaz Ferrán, sino todos los préstamos que Caja Madrid otorgó sin ningún tipo de control bajo la presidencia de Blesa", aseguran los abogados de Manos Limpias, que ejercen la acusación de la mano de Ausbanc.

Las pesquisas del juez se centraron en saber si Blesa mintió al Banco de España acerca de las garantías de los créditos concedidos en Caja Madrid cuando él presidía la entidad. Según han confirmado a este periódico fuentes jurídicas relacionadas con el caso, el magistrado sospechaba que Blesa mostró al organismo supervisor, en concreto, una información que no se correspondía con la realidad respecto a los préstamos que concedió a Gerardo Díaz Ferrán.

Falta de garantías

Así, el juez habría podido constatar que Blesa engañó en Caja Madrid al Banco de España al asegurar que los créditos a Díaz Ferrán estaban garantizados cuando era falso. Tal y como informó elEconomista el pasado 8 de marzo, en un primer momento, el crédito era por 24 millones de euros, de los que se entregaron tan sólo 17 millones y los otros siete millones se le prohibió tocarlos hasta que presentase una oferta indicativa que regularizase la concesión del crédito.

Según consta en el clausulado del contrato de crédito, Díaz Ferrán se comprometía a no pignorar las acciones de Marsans, puesto que sus fincas estaban ya hipotecadas. En agosto de 2008 dispuso de los 24 millones y otros dos más adicionales. Entonces, se firmó un nuevo contrato sin pignorar las acciones. Las escrituras se remitieron al Comité Financiero y el consejo de administración no tuvo sin embargo noticias hasta diciembre de 2008.

En un auto, emitido por el juez el pasado mes de febrero, aseguraba que "de los propios testimonios vertidos por los imputados se deducen indicios de criminalidad inherentes a las manifiestas infracciones de buenas prácticas bancarias, relacionadas con el control del riesgo, ejecución y desenvolvimiento de las relaciones crediticias" entre Díaz Ferrán y Caja Madrid cuando era presidida por Blesa.

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