Meliá Hotels International, AC Hoteles e Iberojet (Corporación Orizonia) han recurrido la desimputación de los hijos de Gonzalo Pascual en la operación Crucero. Eloy Velasco, el magistrado que investiga el caso, acordó "el sobreseimiento y archivo provisional de la causa respecto de los imputados Diana, Gonzalo-Pastor, Igancio y José María Pascual de la Riva" por no encontrar motivos suficientes que "justifiquen" que habían cobrado de Ángel de Cabo por la enajenación del grupo Marsans.
Una decisión con la que las empresas, que denunciaron a los fundadores del grupo turístico por alzamiento de bienes e insolvencia punible, no están de acuerdo por lo que han solicitado que continúen en el proceso penal acusador de un delito de insolvencia punible.
Las multinacionales, que reclaman a Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual unos 40 millones de euros, aseguran que los hermanos Pascual de la Riva se beneficiaron de la venta "ficticia" que su padre, ya fallecido, y el expresidente de la CEOE realizaron a Posibilitum, la empresa creada por Ángel de Cabo para adquirir sociedades en concurso de acreedores y liquidarlas, y que participaron activamente en el proceso de esconder los activos de sus progenitores de los acreedores de Marsans con el objetivo de "salvaguarda para su patrimonio (como donatarios y futuros herededos) esos bienes". No en vano, ambos empresarios se habían comprometido a respaldar con sus propiedades la deuda contraída por el grupo turístico.
En concreto, la acusación recuerda que el matrimonio Pascual de la Riva, que junto a Díaz Ferrán había dejado una deuda en Marsans de más de 400 millones de euros, suscribió una escritura de donación a favor de sus cuatro hijos del cien por cien de las acciones de las sociedades Fisolte, Fincas y Cinegética y Valquinava, que eran las propietarias de varias fincas de "impórtantisimo valor" localizadas tanto en España como en Argentina. Entre ellas, y según recogen las investigaciones realizadas por la Udef (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal) se encontraba el Sauceral (Toledo), valorada en 35 millones de euros, y dos en Argentina bautizadas como El Potrillo Oscuro y la Magdalena.
Pocos meses después de recibir las donaciones, el 4 de junio de 2010, los hijos de Gonzalo Pascual trasmitieron las participaciones de las sociedades a Kairo Center, una empresa controlada por la "organización criminal del imputado Ángel de Cabo", tal y como recoge el recurso citando documentación incautada por la Udef.
En este punto, la acusación apunta a que el matrimonio se reservó la facultad de disponer del 95 por ciento de los bienes supuestamente donados a los imputados por lo que la finalidad de la donación no fue la de dárselos a sus hijos sino "eludir que se pudiera trabar en los procesos de ejecución presentados o que se iban a presentar en reclamación de las deudas millonarias". Este es el mismo proceso que llevó a cabo Díaz Ferrán con sus coches (un porche, un bentley, un Ferrari?) y su yate.
El empresario se los vendió a Munari Negocios, una sociedad perteneciente a la red empresarial de Ángel de Cabo, por una cantidad simbólica y los seguió usando. O al menos así consta en los informes de la Udef, que ha encontrado multas que se pusieron a esos vehículos conducidos por Díaz Ferrán cuando ya no estaban a su nombre y una carpeta en posesión de la trama del propietario de Posibilitum con una serie de multas para Díaz Ferrán.
Pagos de Ángel de Cabo
Por otra parte, las empresas reclaman que se incluya a los hijos de Gonzalo Pascual en la acusación alegando que sí llegaron a cobrar de la red de Ángel de Cabo, aunque no fue mucho. Según recoge la documentación encontrada en el piso de Susana Mora, secretaria personal del presidente de Posibilitum e imputada en la causa, por la Unidad de Blanqueo de Capitales, Inversiones Real Xatur, sociedad vinculada la presunta red criminal y que ha sido perceptora de la liquidación de los bienes de Marsans, realizó dos transferencias por 2.027 euros y 3.847 euros a Gimev 50. Tal y como apunta el informe de la Udef al que ha tenido acceso este diario, esta empresa ha estado vinculada con Gerardo Díaz Santamaría, hijo del expresidente de la CEOE, y administrada desde 2008 por Gonzalo Pascual Riva, uno de los hijos de Gonzalo Pascual.
Este mismo informe, la policía apunta a que el fundador de Marsans cobró 986.545 euros de la red societaria creada por Ángel de Cabo y sus socios a través de cheques al portador y transferencias. Por su parte, se ha encontrado en un cuaderno de Ángel de Cabo el nombre de José María Pascual de Riva manuscrito junto a la palabra "retribuido", lo que hace pensar a la policía que este también se benefició económicamente de la trama. En esta misma línea, se encuentra Ignacio Pascual, otro de los hijos del empresario. En la documentación incautada a Susana Mora aparece su nombre escrito junto a una nota que reza: "Llamarle para una reunión con Á (posible referencia a Ángel de Cabo) y su madre".
Por último, y aunque se ha abierto una línea de investigación para averiguar si Díaz Ferrán y de Cabo se quedaron con 60 millones de Gonzalo Pascual, en las investigaciones de la policía y en la denuncia presentada por AC, Meliá e Iberojet, queda constancia de que el cofundador de Marsans y sus cuatro hijos vendieron el cien por cien de Parihol Inversiones a Posibilitum por tres millones de euros a cobrar en 2015 a pesar de que un juzgado de Madrid ya había acordado el embargo de la sociedad a instancias de Pullmantur.
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