Empresas y finanzas

Un grupo de autónomos de Panrico planean llevar al grupo ante la Audiencia Nacional

  • Han encargado al despacho de abogados Iuris Terra el inicio de acciones penales

La crisis de Panrico todavía no ha terminado. Pese a haber pactado con los sindicatos un plan de reestructuración, la compañía podría enfrentarse en las próximas semanas a una querella en la Audiencia Nacional. Un grupo de repartidores autónomos de la compañía, que a la vez son acreedores de la empresa, y a los que se podrían sumar también varios empleados, está estudiando iniciar acciones legales y ha encargado para ello al despacho Iuris Terra Abogados la presentación de la posible querella.

"En estos momentos estamos estudiando la información financiero contable de la compañía, a los efectos de determinar la posible existencia de conductas ilícitas en los órganos del consejo de administración y accionistas de la firma", explica Ángel Sutil, socio del bufete.

El bufete asegura que, tras analizar las últimas cuentas, ha descubierto ya que "las deudas de la entidad adquiridas con empresas del grupo, en el último año, se han incrementado espectacularmente" e insiste, además, en que de forma paralela "los activos intangibles de la compañía se han reducido drásticamente, sin que eso fuera acompañado de una reducción de los pasivos". Aunque todavía no hay nada decidido, según Sutil, la querella se dirigiría, en principio, contra Oaktree, el fondo propietario de la firma de bollería, pero posiblemente también contra los gestores.

El despacho Iuris Terra está analizando, especialmente, el fuerte incremento del salario de la cúpula directiva el año pasado. En plena caída libre de la compañía y con unas pérdidas acumuladas de más de 700 millones de euros, Panrico pagó en 2012 a sus altos directivos un total de 4,7 millones de euros, lo que supone un 43% más que un año antes. Pero no sólo eso. La retribución de los altos ejecutivos de la sociedad matriz subió aún más: un 67%, hasta cuatro millones.

La empresa asegura que ese fuerte incremento de la retribución se explica por dos razones. La primera porque en 2010, 2011 y 2012, con la compañía hundiéndose en el mercado, se pagó un bonus para retener a los altos ejecutivos. Y la segunda porque esa cantidad incluye el pago de una indemnización a César Bardají, que en octubre de 2011 fue sustituido como consejero delegado por Joan Casaponsa, pero que permaneció en la empresa hasta enero.

Daños por la huelga

Otro de los frentes que tiene abierto la compañía afecta a la plantilla de la planta de Santa Perpétua (Barcelona). Los trabajadores de la planta, que se encuentran en huelga indefinida desde principios de octubre, no acepta el plan de reestructuración que ha sido validado a nivel estatal por la mayoría de los representantes de los trabajadores. Según explican fuentes de la plantilla, la compañía les reclama un total de cuatro millones de euros por los daños y perjuicios ocasionados por el paro que mantienen de forma indefinida.

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