Oficialmente no hay nada de nada, porque una simple nota en la página web de un regulador no es el vehículo reglamentario para adoptar ninguna decisión de semejante trascendencia. Los abogados de Telefónica tienen claro que sólo podrán analizar la situación que le apremia en Brasil cuando exista una comunicación oficial sobre los problemas de competencia que pudieran existir en aquel país, con sus correspondientes consecuencias
. De esa forma, la compañía que preside César Alierta atiende el requerimiento realizado por el regulador italiano de los mercados (Consob) en relación con los anuncios verbales realizados el pasado viernes por el organismo supervisor de la competencia brasileño (Cade).
Por todo lo anterior, Telefónica difundió ayer un hecho relevante donde precisó que "no ha sido oficialmente notificada y, por tanto, no dispone de la información oficial completa para pronunciarse sobre las medidas y actuaciones a adoptar".
Intereses prohibidos
La semana pasada, el árbitro de los mercados de Brasil obligó de forma oficiosa a Telefónica a elegir entre salir del capital de Telecom Italia, donde participa a través de la sociedad instrumental Telco, o vender su filial Vivo a otro inversor. En opinión del Cade, Telefónica mantiene intereses en dos jugadores del mismo mercado: su filial Vivo y TIM Participaçoes, filial brasileña de Telecom Italia, socio de la española.
Además, Telefónica indicó ayer en su notificación a la CNMV que la versión pública sobre las restricciones en Brasil "no incluye información confidencial de la decisión, como la relativa al plazo para la desinversión de las acciones sin voto y al pago de la multa.
La chispa de la controversia se prendió a finales de septiembre, cuando Telefónica reforzó su presencia en la sociedad Telco (que a su vez controla el 22,4% de Telecom Italia), al pasar del 46,2% anterior al 66% actual. Ese movimiento activo las alarmas en el regulador brasileño de la competencia. La resolución de este organismo indicaba que Telefónica incumpliría la cláusula firmada en 2010, tras la compra de Telefónica del 50% de Vivo a Portugal Telecom, y por la que el grupo español se comprometió a no participar en las decisiones de TIM Brasil ni aumentar su presencia accionarial en Telecom Italia.
El árbitro brasileño también impuso Telefónica una multa de 15 millones de reales brasileños (4,6 millones de euros), "por infracción del espíritu y el objetivo del acuerdo que Telefónica suscribió con Cade por la suscripción y desembolso por parte de Telefónica de acciones sin voto de Telco en su reciente aumento de capital. Esta decisión también impone a Telefónica la obligación de desinversión de dichas acciones sin voto de Telco.
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