La Fiscalía Anticorrupción tiene sospechas fundadas de que el antiguo presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán , trazó un plan con el que engañó a su antiguo socio en el grupo Marsans, Gonzalo Pascual, quedándose, además, con una gran parte de su patrimonio. Díaz Ferrán habría sustraído este capital de la mano de su testaferro, Ángel de Cabo, según ha asegurado un antiguo colaborador de éste, que ha declarado como testigo ante el Ministerio Público.
Aunque prefiere mantener el anonimato, este testigo ha confirmado a elEconomista que durante su declaración explicó como " Díaz Ferrán y De Cabo plantearon a Pascual un proyecto para intentar salvar todo lo que se pudiera de Marsans y acabaron quedándose con su dinero". Y, según dice, "podríamos estar hablando de un patrimonio de 60 millones". Aunque sin dar cifras, fuentes de la familia Pascual insisten en la misma versión y muestran su absoluto convencimiento de que el antiguo dueño de Marsans fue fruto de un engaño orquestado por De Cabo para quedarse con su dinero.
En su último auto el juez asegura, sin embargo, que Díaz Ferrán y Pascual alcanzaron un acuerdo conjunto con De Cabo por el que éste se comprometía a abonar mensualmente a cada uno de ellos 100.000 euros mensuales, hasta alcanzar los 8 millones, "cantidades que se extraían de los activos de las sociedades del grupo Marsans o de las patrimoniales".
El magistrado cree que Díaz Ferrán cobró 1,01 millones y Pascual, que falleció el 21 de junio de 2012, otros 986.454 euros, algo que desde su familia niegan tajantemente. "No recibió absolutamente nada. Otra cosa es que De Cabo lo pudiera contabilizar así, pero jamás se le pagó un solo euro", aseguran.
En paralelo a esta línea investigación, el juez Velasco acordó esta semana el sobreseimiento provisional de la imputación de los hijos de Gonzalo Pascual por "no quedar suficientemente acreditado la comisión de delito por parte de los mismos", reza el auto en el que el magistrado decreta el final de las diligencias previas del caso Crucero y abre el proceso abreviado.
A partir de este auto, Velasco da diez días al fiscal para que presente el escrito de acusación contra los diez imputados, entre los que se encuentran el expresidente de la CEOE, el liquidador Ángel de Cabo y su socio Iván Losada, todos en prisión desde hace un año acusados de un supuesto delito de insolvencia punible, organización criminal y blanqueo de capitales.
Según la investigación, Díaz Ferrán y Ángel de Cabo planificaron esconder los bienes del empresario y de su socio, Gonzalo Pascual, y así evitar hacer frente a la deudas contraídas por Marsans, que habían sido avaladas con sus patrimonios. Así, para impedir que los acreedores pudieran cobrar, los fundadores del grupo turístico presuntamente vendieron sus activos y firmas a Posibilitum, la sociedad de De Cabo, para esconderlos en el extranjero o venderlos.
Para justificar los movimientos de fondos que se produjeron tras la entrada de Marsans en Posibilitum, la empresa encargó confeccionar contratos simulados y otros negocios jurídicos para sacar los activos de España. Para ello constituyó una red de empresas en países como Chipre, Suiza, Liechtenstein, Malta y Hong Kong, a donde se comenzaron a traspasar fondos obtenidos de la "ilícita actividad de Ángel de Cabo", asevera el juez.
Las acusaciones que pesan sobre Díaz Ferrán
