Espionaje y competencia desleal con fondos públicos. Ésa es la acusación a la que se enfrenta ante los juzgados Galvexa (Galvanizados de Extramadura), una empresa impulsada por el Gobierno de esta comunidad autónoma, que tiene una participación en la compañía del 49 por ciento a través de la firma de capital riesgo Sofiex, la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura.
El Grupo de Industrias Duero (GID), líder nacional en el sector de la galvanización con una cuota de mercado de más del 20 por ciento, ha actuado contra su nuevo competidor después de que varios de sus directivos se llevaran presuntamente información confidencial en 2006 para crear la nueva empresa de la mano de la Junta.
GID considera que varios de sus directivos, entre los que se encuentran Eduardo Benavente y Jesús Gómez, se llevaron listados confidenciales de clientes, análisis de mercado y planes de negocio que, según dice, "fueron literalmente copiados y aportados como propios para la constitución de Galvexa".
Al parecer, ambos seguían trabajando para Galvanización Toledo, la filial de GID que ha iniciado la actuación judicial, al tiempo que preparaban la constitución de la nueva compañía. De momento, ya ha sido admitida a trámite una demanda por la vía mercantil en los juzgados de Badajoz y una querella criminal en Madrid, ordenando la práctica totalidad de las diligencias solicitadas, como la declaración de los querellados y la aportación de documentación por parte de Sofiex, que depende de la Consejería de Economía de la Junta.
En cambio, Galvexa defiende su actuación en todo el proceso de gestación y asegura, por ejemplo, que Eduardo Benavente, uno de los promotores imputados, no fue un alto directivo de Galvanización Toledo, sino "el ingeniero que ocupó el cargo de director de la fábrica".
