El acuerdo alcanzado por las cinco comunidades autónomas afectadas se incluye en la Ley de Evaluación Ambiental aprobada por el Gobierno el pasado jueves
Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura y la Comunidad de Madrid, han llegado a un acuerdo para estabilizar el trasvase Tajo-Segura. El consenso logrado entre las comunidades autónomas de las cuencas con intereses entrelazados tendrá rango de ley.
Después de duros meses de negociación, los acuerdos alcanzados en el Memorándum de Entendimiento sobre el trasvase Tajo-Segura, que se recogen en ocho enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental, presentadas por el PP en el Congreso de los Diputados, darán seguridad jurídica a una transferencia de caudales, para que sea una realidad totalmente consolidada y un asunto de Estado. Los barones de las comunidades del PP dependientes del río Tajo, al igual que el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), han calificado de momento histórico que, después de 35 años de vida, esta infraestructura alcance rango de ley garantizándose y por tanto blindando la vida de este trasvase. Para el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, el acuerdo plasma una política seria y responsable del actual Gobierno en materia de agua, y se trata, en definitiva, de conseguir el consenso de todas las comunidades autónomas en el Consejo Nacional del Agua a favor de la planificación hidrológica y sentar las bases del futuro Plan Hidrológico Nacional, que seguirá, según Cañete, esas mismas vías de diálogo y consenso.
Estabilidad del trasvase
El ministro ha destacado que el acuerdo alcanzado aporta estabilidad al trasvase Tajo-Segura, que tendrá, tras 35 años de vida, rango de ley. Para ello, el grupo parlamentario popular presentó una serie de enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental, aprobada el pasado jueves por el Gobierno, donde se plasman los contenidos esenciales del acuerdo, o memorándum firmado por las comunidades afectadas, en lo que se refiere a las garantías de las cuencas cedentes, la eliminación de las discrecionalidades y arbitrariedades en las actuaciones en las cuencas receptoras. El ministro también ha indicado que, con este acuerdo, se evitan las presiones coyunturales en la toma de decisiones, se introducen normas para dotar de transparencia a los trasvases intercuencas, se garantizan las necesidades de las cuencas cedentes y se facilita la utilización de las infraestructuras, la cesión de derechos y la preferencia de la cuenca cedente con carácter general. Se establece una reserva de 400 hectómetros cúbicos en los embalses de cabecera, por debajo de la cual no se autorizan trasvases. Estos 400 hectómetros cúbicos se alcanzarán en los próximos años, a razón de 32 hectómetros cúbicos por año desde la situación actual (240 hm3). Al mismo tiempo, se acometerán un gran número de obras que van a mejorar el funcionamiento de la capacidad de almacenamiento, de la capacidad de laminación y de la capacidad de regulación.
Satisfacción en los regantes
José Manuel Claver, presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, en declaraciones a la revista de Agua y Medio Ambiente de elEconomista, afirma "que este acuerdo fundamentalmente implica otorgar al Trasvase un marco jurídico que garantiza la certidumbre, la planificación y la distribución controlada y responsable del agua que nos llega a través de esta infraestructura". Según Claver, "el trasvase continuará aportando riqueza y progreso social al Sureste español y, por extensión, al conjunto del país, como lo viene haciendo en los últimos 35 años". Para el presidente del sindicato, actualmente y según datos de un informe realizado por PriceWaterhouseCoopers en julio de 2013, "esta infraestructura genera 100.000 puestos de trabajo directos, beneficia a 80.000 regantes y facilita los 320.000 empleos que el sector turístico sustenta en la Comunidad Valenciana y Murcia". "Asimismo, aporta 2.364 millones de euros al PIB nacional a través de actividades como la agricultura, la principal actividad económica beneficiaria del Trasvase, que es un sector estratégico para España, contribuyendo de forma positiva al saldo de la balanza comercial con una aportación del 60 por ciento".
Voces críticas al acuerdo
Uno de los temas más polémicos de las negociaciones entre las comunidades autónomas fue el referente a la utilización de agua procedente de salinizadoras para regadío como alternativa al trasvase. En referencia a este asunto, Claver dice "que la desalación no es una alternativa viable al Acueducto Tajo-Segura por su elevado coste". "Para los regantes, es inasumible el precio que supondría disponer de agua desalada en vez de la proveniente del trasvase y mantener los márgenes de viabilidad actuales, que nos permiten modernizar nuestras instalaciones con las últimas tecnologías, como la cogeneración, y ser competitivos frente a productores de hortalizas y frutas de otros países".
Las voces críticas a este acuerdo advierten que pese a apaciguar la disputa por el agua del Tajo en un momento de abundancia deja sin resolver los problemas a los que tendrán que enfrentarse los regantes del Segura en épocas de sequía. Esto sucede al elevar de 240 a 400 hectómetros cúbicos las reservas mínimas que deben almacenar los embalses de Entrepeñas y Buendía para que se pueda trasvasar agua al Segura. La pregunta que se hacen ahora los usuarios del trasvase es qué ocurrirá cuando las cosechas de la Región de Murcia y de la Provincia de Alicante estén en peligro por la falta de riego, aunque en la cabecera del Tajo haya 400 hectómetros cúbicos disponibles, o menos, que no podrán ser trasvasados para el uso de los regantes.
