La batalla legal que mantienen ambas eléctricas parece estar lejos de llegar a su fin. En el capítulo de hoy, el grupo francés ha reiterado su rechazo a acatar las medidas cautelares impuestas el pasado mes de marzo por el magistrado Edorta Etxarandio. En concreto, EDF ha solicitado su anulación o, en el caso de mantenerse las cautelares, ha solicitado que se multiplique por 20, hasta 240.000 euros, la caución (garantía) solicitada a Iberdrola.
El abogado de la eléctrica gala, Borja Obeso, del bufete Gómez-Acebo y Pombo, ha señalado en la vista que a Iberdrola (IBE.MC) "no le interesa llegar al fondo de la cuestión de si hay competencia desleal o no, lo que le interesa realmente es obtener información sobre lo que planea EDF (EDF.PA).
Estrategia de Iberdrola
Además, el letrado consideró "que no se cumplen los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico para establecer las medidas cautelares", ya que no se trata de una medida cautelar sino que lo que se pretende es que "EDF facilite esa información", cuando a otros operadores no se les está reclamando en circunstancias similares.
A su juicio, es de "extraordinaria gravedad" lo que se pide al grupo francés y denunció que todo esto forma parte de "una estrategia" y de "una campaña por parte de Iberdrola de acoso" contra EDF.
El representante legal del grupo francés afirmó que Iberdrola, con esta cuestión, "ya está sacando rendimiento". Además, reprochó que se esté tratando a EDF "como un posible delincuente, presentándoles como incumplidor de normas jurídicas y que no acatan la Ley".
Perjuicio para EDF
El juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao celebraba hoy una vista para tratar las alegaciones de las partes a las medidas cautelares dictadas por el titular de este juzgado, Edorta Etxarandio, que obligan a la eléctrica francesa a publicar en cinco periódicos -tres españoles y dos extranjeros- anuncios en los que debe especificar si ha iniciado o prepara la adquisición de Iberdrola mediante la compra de acciones o derivados financieros, por sí sola o de manera concertada con terceros, a los que tiene que identificar.
El abogado de EDF insistió en que si el grupo público francés publicara sus intenciones sobre Iberdrola "perjudicaría gravemente la operación" porque subiría el precio de las acciones de la eléctrica española y EDF tendría que pagar más de lo que habría desembolsado inicialmente par adquirir esos títulos.
