La Paz, 4 ago (EFECOM).- Un supuesto pacto "secreto" entre la petrolera hispano-argentina Repsol YPF y la brasileña Petrobras para incumplir el convenio de venta de gas boliviano a Brasil causó pérdidas millonarias al Estado boliviano, denunció hoy el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada.
El ministro dijo que existió un arreglo entre las dos compañías que impidió aplicar una fórmula para reajustar periódicamente el precio del hidrocarburo que Bolivia exporta al vecino país, como estipulaba el contrato vigente entre las dos naciones desde 1999.
"No se aplicaba la fórmula, sino que se ponía un precio estable y por este hecho el país y la empresa Andina también recibieron 160 millones de dólares menos", dijo Soliz a la prensa en el Palacio de Gobierno.
Andina, una de las firmas que surte de gas a Brasil, está dirigida por Repsol YPF gracias a su mayoría accionarial (50,024 por ciento), mientras que un 48,92 por ciento estuvo gestionado por dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y este año pasaron a manos de la petrolera estatal boliviana YPFB con la nacionalización decretada el pasado 1 de mayo.
Con esa medida, el gobierno también espera asumir el 51 por ciento de Andina mediante una negociación con Repsol YPF que aún está en marcha.
El caso fue denunciado a la fiscalía de Distrito de Santa Cruz, sede de las dos petroleras extranjeras, el 26 de julio pasado por Gabriel Camacho, director designado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Andina, nacionalizada por el gobierno del socialista Evo Morales.
Según Soliz, Camacho hizo la denuncia cuando se enteró que las dos empresas "pretendían hacer un arreglo para dar por finalizado" ese contrato complementario al convenio de compraventa entre Bolivia y Brasil y no le dieron importancia a sus reclamos.
"Gracias a la valentía de este director, el país y el ministerio pueden conocer de esta tremenda irregularidad de dos empresas que se venden (gas) entre sí a un precio diferente al de los convenios internacionales (entre Bolivia y Brasil)", apuntó.
La denuncia demanda investigar al español José María Moreno, ex ejecutivo principal de Repsol YPF en Bolivia, y a los brasileños Antonio Luiz Silva de Menezes y Luis Rodolfo Landim Machado, ex funcionarios de la casa matriz de Petrobras.
Los delitos que se les imputan son la suscripción de contratos lesivos al Estado boliviano, conducta antieconómica, estafa y abuso de confianza con agravante y falsedad de documento privado.
Esta semana, la empresa Andina declaró a la prensa de la ciudad oriental de Santa Cruz que el contrato "no ha supuesto ningún daño económico para el Estado boliviano y durante su vigencia se han pagado todas las regalías e impuestos establecidos por ley, de acuerdo con el contrato firmado entre YPFB y Petrobras".
Según Soliz, ahora que el Estado está a punto de asumir el control de Andina, gracias a la nacionalización de Morales, tiene "que enjuiciar a la gente que hizo anteriormente esos negocios y pedir que se restituya el daño económico al Estado por esas operaciones".
El ministro hizo las declaraciones al término de la posesión de ocho de los diez directores que tendrá la estatal YPFB, empresa a la que el Gobierno boliviano pretende fortalecer para asumir el control del sector de hidrocarburos. EFECOM
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