Empresas y finanzas

¿Provoca la reforma energética un riesgo real de apagones?

Actualmente el sistema adolece de sobrecapacidad, pero se asoma un futuro incierto a medio plazo tras la drástica bajada de las inversiones y los cierres de plantas de fuel, térmicas e incluso ciclos de gas.

Las grandes eléctricas han hecho un frente común para advertir del riesgo de apagones tras la dureza de los recortes de la reforma energética, que ha golpeado de lleno a la retribución a la inversión en redes de distribución. Además, algunas plantas de generación se ven incapaces de recuperar los costes fijos debido a las nuevas tasas eléctricas y porque están funcionando a un bajo rendimiento al ser desplazadas del mercado por la entrada masiva de las renovables en el último año.

Moratoria a las renovables, recortes en distribución, menos pagos a las centrales de gas, reducción en los Presupuestos para las ayudas al carbón nacional y las comarcas mineras, mayores cargas fiscales y exigencias de seguridad a las centrales nucleares son algunas de las medidas puestas en marcha para intentar corregir el desaguisado eléctrico.

La inversión, en picado

¿El resultado? Caída drástica de la inversión y cierre de algunas centrales de generación (fuel y térmicas), además del futuro incierto de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, ya que de momento Iberdrola y Endesa continúan esperando un guiño por parte del Gobierno para que la planta sea viable económicamente.

Llegados a este punto y tras las advertencias de las eléctricas, cabe preguntarse si existe un riesgo real de apagones en España. Podría decirse que en el corto plazo no se espera ningún problema en el suministro eléctrico.

La razón es que en los últimos años las compañías han hecho un fuerte esfuerzo inverso en generación debido a una Planificación Energética indicativa que no contemplaba la recesión económica ni la fuerte caída de la demanda energética. Por tanto, el sistema español adolece de una importante sobrecapacidad. En la actualidad existen unos 90.000 megavatios instalados y las puntas de demanda alcanzan tan sólo los 45.000 megavatios.

Pero no hay que perder de vista lo que puede pasar en el medio plazo y Red Eléctrica asegura que según las previsiones de consumo eléctrico no sobra ninguna instalación, ya que muy pronto se irá reduciendo el margen de cobertura de la demanda.

Sin embargo, el Gobierno ha impulsado un plan de hibernación de ciclos combinados de gas por un año. Pero las eléctricas solicitan un plazo mayor e incluso tener libertad para poder cerrar, ya que no pueden recuperar los costes fijos. Otros países de Europa, como Alemania o Reino Unido también se han decantado por el cierre definitivo de estas instalaciones porque en algunos casos se han vuelto económicamente inviables.

Cierres por venir

No obstante, las compañías también defienden estas centrales de gas frente a otras tecnologías para el interés general porque "su coste de producción es diez veces inferior a la de la energía solar que está siendo subvencionada".

En cualquier caso, Iberdrola ya ha solicitado el cierre de 800 megavatios del ciclo combinado de Arcos de la Frontera (Cádiz) y está a la espera del visto bueno de Red Eléctrica. Además, la eléctrica está inmersa en un plan de eficiencia para centrales térmicas, que incluye el cierre de plantas de carbón y fuel, así como una reorganización en los ciclos combinados de gas.

Por su parte, la moratoria a las renovables no tiene visos de levantarse en el próximo lustro, al margen de los sistemas extrapeninsulares, y el 20% de las plantas de cogeneración se encuentran paradas debido a la carga fiscal y la caída de su rentabilidad.

Sin embargo, el mayor riesgo para la seguridad del suministro se encuentra en las redes. Las eléctricas redujeron un 20% de sus inversiones en 2012 en distribución y se ha sumado un nuevo hachazo este año (el mantenimiento en redes puede caer un 40%).

Además, las compañías están actualizando sus planes estratégicos para adecuar su estrategia en España tras la reforma energética.

En concreto, Industria ha propuesto que la nueva retribución se base en el Bono del Tesoro, en lugar del coste de los capitales empleados (WACC) pese a que este último es el criterio utilizado a nivel internacional en los países con regulaciones más estables. "Paralizar la actividad de distribución durante tanto tiempo va a tener unas consecuencias nefastas", advierten desde la patronal eléctrica Unesa.

Es tal la preocupación por garantizar la seguridad de suministro que el tema se ha llevado a escala europea. En concreto, los máximos responsables de diez de las compañías energéticas más importantes de Europa, entre las que estaban Iberdrola, Gas Natural, Enel (propietaria de Endesa), EON o GDF-Suez han lanzado un mensaje a las autoridades europea sobre la posibilidad de que el sector entre en crisis si no se adopta una política energética adecuada.

Reunión en Bruselas

El Gobierno comunitario ha tomado nota y el comisario de Energía, Günther Oettinger, se reunirá este jueves en Bruselas con los primeros espadas de estas compañías y los ministros de Energía de la UE donde estas empresas tienen su sede principal para abordar la situación del sector.

Estas grandes eléctricas se muestran a favor de las renovables, pero en contra de las subvenciones a las tecnologías menos maduras y que provocan un alto coste para el consumidor.

De hecho cabe recordar que en España la luz para los consumidores domésticos se encuentra entre las más altas de Europa, porque el 50% de los costes del recibo no tienen nada que ver directamente con la distribución o generación de energía. Aún así, los consumidores españoles tenemos que afrontar una deuda eléctrica de 26.000 millones de euros porque durante los últimos años no hemos tenido un precio real de la energía, sino que ha estado por debajo de lo que cuesta nuestro mix energético.

El Gobierno debe seguir pagando las primas a las renovables ya en marcha más allá de la próxima década y era imposible asumir más deuda eléctrica en tanto que Bruselas vigila que se corrija este desfase financiero o, en caso contrario, obligará a contabilizarlo como deuda pública, lo que agravará la crisis de deuda soberana.

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