En las estanterías del Partido Popular de Castilla-La Mancha falta un polémico documento: el expediente de Seseña, localidad toledana donde el PSOE adjudicó al constructor Francisco Hernando, el Pocero, la construcción de 13.500 viviendas.
Aunque la presunta trama inmobiliaria ha llegado hasta la Fiscalía Anticorrupción y lleva meses circulando por las redacciones de toda España, el PP todavía no ha conseguido que el Ejecutivo manchego, presidido por José María Barreda, le permita acceder a los documentos oficiales sobre esta polémica adjudicación.
El motivo es que el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no ha accedido a dárselo, aunque desde las filas populares llevan más de un mes solicitándolo. Y parece que el retraso puede extenderse, por lo menos, hasta finales de septiembre.
Un portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha aseguró a este diario que el retraso se debe a una cuestión de procedimiento. "No hay ningún obstáculo". La petición de la información se realizó fuera del periodo de sesiones de las Cortes manchegas, afirmó. Por lo tanto, la mesa de portavoces no puede calificar la solicitud hasta que se reabra el periodo de sesiones, que será para septiembre.
Una vez que las Cortes abran las puertas después de las vacaciones se empezará a tramitar la petición de información solicitada por el PP.
Tres peticiones sin respuesta
El pasado 29 de junio, la diputada popular Marina Moya Moreno pidió "copia de los informes emitidos por la Consejería de Obras Públicas, actualmente Consejería de Vivienda y Urbanismo, relativas a las modificaciones puntuales del planteamiento urbanístico realizadas con motivo del PAU El Quiñón en el municipio de Seseña (Toledo) durante los últimos cinco años", según aparece en el documento, al que ha tenido acceso elEconomista.
Un día después, la misma diputada solicitó el plano actualizado del término municipal de Seseña, detallando la ubicación concreta de El Quiñón, zona donde el Pocero está levantando su megaciudad. Ante la falta de respuesta, Moya volvió a la carga el pasado 25 de julio, presentado un escrito donde solicitaba "copia del expediente completo sobre el PAU El Quiñón del municipio de Seseña".
Pero la única respuesta que ha recibido, según fuentes del PP, es una excusa burocrática que retrasa hasta septiembre cualquier posible interés en el tema: la petición se ha realizado en periodo no ordinario. Y las puertas seguirán cerradas hasta mediados de septiembre, cuando vuelva la actividad ordinaria.
Según explican desde las filas populares, Moya solicitó la información pocos días después de que se cerrara el periodo ordinario. Pero este motivo no es óbice para aceptar a trámite los casos de especial urgencia o gravedad. Por ejemplo, el Gobierno manchego, presidido por José María Barreda, sí accedió a romper la norma y abrir un periodo extraordinario para declarar el 17 de julio, aniversario del incendio de Guadalajara, día del Medio Ambiente.
Sin periodo extraordinario
En cambio, la trama inmobiliaria que sacude al toledano municipio de Seseña no parece ser motivo suficiente para que el Ejecutivo manchego declare otro periodo extraordinario. De hecho, las peticiones del PP ni siquiera han sido calificadas por la mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, organismo encargado de analizar su solicitud donde los socialistas tienen mayoría.
El caso Seseña ha llegado hasta la Fiscalía Anticorrupción, que decidió abrir diligencias tras recibir una denuncia de Izquierda Unida.
El pasado 26 de julio, justo un día después de que el PP hiciera su última solicitud de información, la Fiscalía analizó un presunto delito continuado de prevaricación, falsificación documental y malversación de caudales públicos.
El motivo que llevó al Ministerio Público a abrir diligencias es, "conocer y determinar las irregularidades cometidas en diferentes procedimientos administrativos en el ámbito municipal de Seseña (Toledo), así como averiguar sus posibles causas que han conducido a la reclasificación de suelo rústico a urbanizable".
