Bruselas, 7 may (EFECOM).- La Comisión de Industria del Parlamento Europeo (PE) ha aprobado el proyecto de directiva que obligaría a dividir patrimonial y estructuralmente las compañías dedicadas a la generación y a la distribución de electricidad.
Los eurodiputados respaldaron por 31 votos a favor, 17 en contra y 2 abstenciones, la propuesta original de la Comisión Europea (CE) que prohíbe a empresas privadas o estatales que, "de manera directa o indirecta", controlen simultáneamente estas dos actividades.
Además, fueron más lejos que la CE al rechazar la alternativa franco-alemana, que permitiría a las empresas integradas ceder las actividades de transmisión a un "operador independiente" o dividirse administrativamente, pero sin cambiar de propietario.
La comisión parlamentaria se pronunció en contra de estas opciones por 22 votos a favor, 26 en contra y tres abstenciones.
El portavoz de Energía de la CE, Ferrán Tarradellas, expresó hoy su satisfacción por el voto parlamentario, que tuvo lugar ayer, martes, y en especial por el respaldo a la separación patrimonial, que consideró "la mejor vía" para impulsar la competencia en el mercado energético.
No obstante, dio a entender que la CE no descarta soluciones alternativas, al indicar que su objetivo principal es fraguar un "compromiso aceptable para todos" que conduzca a una "separación efectiva" entre las actividades de generación y distribución.
La propuesta de separación patrimonial enfrenta la oposición frontal de Francia y Alemania, que temen que les obligue a partir en dos sus grandes conglomerados energéticos, mientras es defendida por Holanda, Dinamarca o España.
Su aprobación precisa el acuerdo del Consejo de la UE -gobiernos nacionales-, que prevé pronunciarse el próximo 6 de junio, y de la Eurocámara, que votará en sesión plenaria, también en junio, la opinión adoptada por su Comisión de Industria.
Además de defender la separación patrimonial, los miembros de la Comisión de Industria abogan por incluir en la directiva medidas de protección del consumidor, como el derecho a darse de baja de los contratos de suministro sin coste adicional.
Asimismo, reclaman que se consagren los derechos a cambiar de operador en un plazo máximo de dos semanas, a acceder a cualquier suministrador europeo, a recibir compensación si el servicio no alcanza un mínimo de calidad o se sufren abusos, y a conocer el impacto ambiental de las empresas.
En paralelo, piden que la norma incite a los productores a dar prioridad al desarrollo de infraestructuras para la obtención de energía a partir de fuentes renovables o mediante centrales combinadas, de forma que se alivie la contribución del sector eléctrico al cambio climático. EFECOM
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