El concurso de acreedores de Pescanova ha dejado atrapados a casi 500 bancos, entidades de crédito, Administraciones, empresas y particulares con una deuda total de 3.674 millones de euros, que la compañía no puede asumir. El problema es que de esa gigantesca cantidad, la multinacional de la pesca que dirigía Manuel Fernández de Sousa ha provocado además un agujero en las arcas del Estado de 91,8 millones.
Según figura en el informe de la Administración Concursal elaborado por Deloitte, Pescanova tiene una deuda de 57,71 millones de euros con la empresa pública de financiación en el exterior Cofides; 18,80 millones con la Administración Tributaria; 15 millones con el ICO y 250.000 euros con la Seguridad Social. Eso, al margen, de algo más de otro millón que adeuda a la Xunta de Galicia.
El problema de fondo es que ninguna de estas instituciones detectó el más mínimo problema en la compañía, después de que Fernández de Sousa creara un complicado entramado societario por todo el mundo para ocultar deuda, pérdidas y un agujero patrimonial que supera los 1.600 millones de euros.
La cuestión es que, aunque se ocultó gran parte de los compromisos financieros a la CNMV -Pescanova declaró un pasivo de 1.500 millones- el Cirbe (la Central de Información de Riesgos del Banco de España) registraba una cifra mucho mayor, de 2.500 millones. Eran 1.100 millones menos de la deuda real pero suponían también un indicativo de la complicada situación por la que atravesaba el grupo.
Financiación en el exterior
El caso más llamativo es el de Cofides, que gestiona los fondos Fiex de inversión en el exterior. Es una sociedad mixta en la que el Instituto Oficial de Crédito (ICO), el Instituto de Comercio Exterior (Icex) y la Empresa Nacional de Innovación (Enisa) tienen un 61 por ciento del capital y tres bancos -Santander, BBVA y Sabadell-, se reparten el 39 por ciento restante. Su deuda con Pescanova le sitúa como uno de los principales acreedores del grupo. Cofides le aportó dinero para financiar proyectos fuera, que es precisamente desde Fernández de Sousa creó el entramado fraudulento, falsificando incluso facturas.
Para el Estado, esta deuda será muy difícil de cobrar no sólo ya porque Pescanova se encuentre ahora mismo en situación de quiebra técnica y con tesorería sólo hasta final de año, sino además porque de los 91,8 millones, sólo 10,4 millones de los compromisos pendientes con la Agencia Tributaria y 144.000 euros con la Seguridad Social han sido calificados como créditos privilegiados por parte de Deloitte, con lo que tienen preferencia de cobro sobre el resto. El resto están calificados como ordinarios o suboordinados.
De acuerdo con el informe concursal elaborado por Deloitte, el primer acreedor de Pescanova es el Sabadell con una deuda de 226,7 millones de euros. A continuación se sitúan Banco Popular, con 181,9 millones; Caixabank con 177,7 millones; NGC Banco con 147,2 millones, el portugués Espírito Santo, con 129,2 millones, el alemán Deutsche Bank con 127,7 millones y Bankia con 106,8 millones de euros.
En la lista aparece también el expresidente del grupo, Manuel Fernández de Sousa, que, tal y como adelantó elEconomista el pasado viernes, reclama una deuda de 9,3 millones de euros. El empresario gallego, que dejó sólo 30.000 euros en tesorería y 7 millones en la caja, se desprendió de la mitad de su participación -la redujo del 14 al 7 por ciento- justo antes de presentar el preconcurso el pasado mes de marzo y tras ingresar 32 millones de euros, concedió, según dijo a la CNMV, un préstamo a la compañía.
Quita del 75%
El actual presidente del grupo, Juan Manuel Urgoiti, ha manifestado ya que hará falta una quita del 75%, algo a lo que la banca acreedora se niega en rotundo, exigiendo una capitalización de la deuda que le permita asumir el control y la gestión de la compañía, algo parecido a lo que sucedió con Metrovacesa. En cualquier caso, la banca tendrá provisionado ya a final de año el cien por cien de la deuda -los compromisos de pago de Pescanova con las entidades financieras ascienden a 3.000 millones- para cumplir con las exigencias del Banco de España.
Tanto los bancos como el resto de acreedores de la empresa gallega están esperando ahora a que PricewaterhouseCoopers elabore un informe sobre la viabilidad económica de la empresa -la previsión es que esté listo a finales de octubre- y, sobre todo, a que Deloitte haga una propuesta de convenio.
En cualquier caso, y sea cuál sea finalmente dicho convenio, Pescanova tendrá que acometer también un reequilibrio de su patrimonio, que arroja ahora una cifra negativa de 1.600 millones de euros, lo que la deja en causa de disolución.
Las fuentes consultadas por este periódico explican que lo más lógico es que Deloitte plantee una operación acordeón. La idea es hacer una reducción de capital a cero y posteriormente llevar a cabo una ampliación. Es una medida de saneamiento financiero que permite la eliminación contable de la pérdidas obtenidas como un paso previo a la obtención de nuevos fondos propios. Antes de fin de año se conocerá la vía elegida.
Pescanova debe 3.000 millones a la banca