La Paz, 2 may (EFECOM).- La nacionalización de cuatro empresas petroleras y una telefónica en Bolivia tendrán a mediano plazo un efecto "boomerang" político y económico contra el Gobierno del presidente Evo Morales, dijeron hoy a Efe varios analistas.
Las consecuencias se sentirán en el ya bajo flujo de inversiones externas petroleras y en la imagen de Morales, especialmente en Europa, a donde pertenecen varias firmas nacionalizadas ayer.
Las medidas también son interpretadas como una demostración de fortaleza de Morales ante sus opositores de Santa Cruz, que el domingo realizarán un referendo autonómico, aunque, según los analistas, el presidente no midió los posibles efectos contrarios.
Salvo en el caso del acuerdo conseguido con la hispano argentina Repsol YPF para nacionalizar la petrolera Andina, Morales decidió forzar vía decreto a inversores británicos, italianos, holandeses, alemanes y peruanos a traspasar sus acciones al Estado boliviano.
Las empresas obligadas a la transferencia a cambio de un pago fijado por el Estado son Chaco, de la Panamerican Energy (British Petroleum); Transredes, de la británica Ahsmore y la anglo-holandesa Shell, y la Compañía Logística de Hidrocarburos de inversores de Alemania y Perú.
En el caso de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), la italiana Telecom está forzada a traspasar todas sus acciones al Estado por un pago que se fijará en sesenta días.
"En el mediano plazo, o tal vez en el corto plazo, va ser un 'boomerang' para el Gobierno", opinó hoy la politóloga Jimena Costa, aunque haya medidas que, en el marco de la nacionalización, "sean razonables" como pagar por las acciones en lugar de confiscarlas.
"A nivel internacional, el daño no es sólo para el Gobierno sino para la economía boliviana porque genera más desconfianza, subirá el índice de riesgo-país y tenemos menos inversión extranjera directa en el mediano plazo", apuntó Costa.
Pero, además, para esta analista es posible esperar consecuencias en la imagen de Morales en Europa porque la nacionalización afecta a muchas empresas europeas, a lo que se suma el "distanciamiento" en esa relación por los conflictos que vive el país, a juicio de Costa.
Para el analista Humberto Vacaflor, crítico del Gobierno en políticas energéticas, con las decisiones del jueves Bolivia aumentó ante la comunidad internacional su imagen de país "caótico y poco serio" porque en tres años se han producido varias reformas al sector.
Estas reformas son la modificación de la ley petrolera en 2005; la nacionalización del 2006, con subida de tributos; los nuevos convenios firmados en mayo del 2007 y ahora la decisión de obligar a tres empresas a traspasar sus acciones al Estado para completar el proceso.
"Si eran pocas las inversiones petroleras que existían en el país hasta ayer, ahora probablemente sean menos todavía porque no habrá petroleras que quiera operar" en Bolivia, coincidió Vacaflor.
Las inversiones petroleras a principios de década eran de 600 millones, en 2006 se calculó una caída a la quinta parte de esa cifra, aunque para este año se esperan 1.266 millones de dólares.
A juicio de Vacaflor, "el Gobierno no se caracteriza por tener una visión de largo plazo", como en su momento lo probó el hecho de decretar la nacionalización en 2006 sin asegurar que las empresas hagan las inversiones que garanticen la venta de gas hacia Brasil y Argentina.
"Lo que le interesa es bajar los votos del día domingo y si vamos a vender gas a Brasil y Argentina es un tema que está muy lejos de su visión de corto plazo", comentó Vacaflor, al vincular el anuncio de esas medidas con una supuesta intención de mostrar fortaleza ante los líderes de Santa Cruz y bajar el apoyo a los autonomistas.
Sin embargo, según la analista Costa, las últimas medidas, anunciadas el 1 de mayo en coincidencia con el Día del Trabajador, "no tendrán el impacto político" que el Gobierno buscaba.
A su juicio, por un lado, las bases sindicales que respaldan a Morales defienden una nacionalización con una confiscación y no un acuerdo con el pago de acciones; y por otro, el sector privado se sentirá más inseguro y probablemente "se acerquen a los movimientos autonomistas".
Las principales empresas petroleras tienen su sede en la ciudad de Santa Cruz y sus operaciones más importantes se centran en la región de Tarija, donde está el 85 por ciento del gas natural y que también realizará un referendo autonómico el próximo 22 de junio. EFECOM
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