Madrid, 2 ago (EFECOM).- La gestión del problema de corrosión en las tuberías de Vandellós II (Tarragona) detectado en agosto de 2004 y que mantuvo la planta parada 5 meses y medio al año siguiente le ha costado a la empresa una sanción de 1,6 millones de euros, la más alta impuesta nunca a una central, que el titular recurrirá.
El ministro de Industria, José Montilla, ha decidido sancionar al titular de la planta con esa "severa sanción" -repartida en tres multas-, cercana "al máximo" que contempla la normativa vigente "a la vista de la gravedad de los incidentes ocurridos" en sus instalaciones y porque "la seguridad de las centrales nucleares es un tema prioritario".
Según informó hoy el ministerio en una nota, Montilla "ha resuelto imponer" a Vandellós II esa multa "como penalización por la comisión por parte de la central de tres infracciones graves relativas al incidente ocurrido el 25 de agosto de 2004 en su sistema de aguas de servicios esenciales".
Ha sido el propio Montilla el que ha determinado la cuantía porque la ley establece que las faltas graves, que pueden llegar hasta los 601.012,10 euros, las impone el ministro, mientras que las leves (hasta 60.000 euros) corresponden al director de Política Energética y las muy graves (hasta 3 millones de euros) al Consejo de Ministros.
Tras "valorar las circunstancias" que se establecen en el artículo 92 de Ley de Energía Nuclear, el ministro ha decidido imponer dos sanciones por 525.000 euros y una por 550.000 euros.
La primera es por incumplimiento de los términos y condiciones de la autorización y explotación y la segunda por la omisión de las medidas correctoras necesarias.
La sanción de 550.000 euros es por la falta de comunicación al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de lo que estaba sucediendo y ocultarle información.
Las tres sanciones provienen de la propuesta que aprobó el Pleno del CSN el 28 de diciembre de 2005, y que había elaborado su Comité Regulador de Expedientes Sancionadores (CRES).
El CSN envió esa propuesta al ministerio de Industria, aunque sin fijar cuantía para cada una de las sanciones, ya que era ese departamento el que debía determinarlas.
Un portavoz del titular de la central, la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós, propiedad en un 72 por ciento de Endesa y en un 28 por ciento de Iberdrola, dijo a Efe que las sanciones serán recurridas cuando hayan examinado "en detalle" la Orden ministerial, para lo que dispone de un plazo de dos meses.
Fuentes de las nucleares de Trillo (Guadalajara), Cofrentes (Valencia), Santa María Garoña (Burgos) y Almaraz (Cáceres) consultadas por Efe declinaron opinar sobre la sanción, al igual que el presidente del Foro Nuclear, Eduardo González.
Ecologistas en Acción y Greenpeace aseguraron al conocer la cuantía de la multa que les parecía insuficiente y reclamaron una reforma urgente del régimen sancionador.
Otras centrales, aparte de Vandellós II, han sido sancionadas por problemas relacionados con la seguridad, aunque la máxima hasta ahora, 90 millones de pesetas, había sido la impuesta a Almaraz, en 1999, a causa también de un problema en su sistema de aguas de servicios esenciales.
Vandellós II sufrió en la mañana del 25 de agosto de 2004 una fuga en las tuberías del tren B, que lleva, como el tren A, el agua de mar para la refrigeración de los servicios esenciales, un incidente que aparentemente habían solucionado cuatro días después.
El CSN realizó un informe, hecho público en abril del año siguiente, en el que señalaba que la planta había operado desde agosto hasta octubre de 2004 con "márgenes de seguridad reducidos", que "ocultó y retardó datos" y primó "la producción sobre la seguridad".
En marzo de 2005, la central tuvo que adelantar del día 19 al 15 su parada programada para recargar combustible porque aparecieron manchas de humedad en el sistema de aguas esenciales y estuvo parada hasta el 3 de septiembre de ese año, tiempo durante el que tuvo que implantar medidas que aseguraran que se habían solucionado todos los problemas y que había reforzado su seguridad.
El suceso conllevó que las siete instalaciones españolas, que contenían hasta el cierre el 30 de abril de Zorita 9 reactores, tuvieran que presentar un plan de acción en el que se recogieran las "lecciones aprendidas" del suceso.
El CSN determinó que el incidente, evaluado provisionalmente con un "1", era un nivel "2" en la escala INES y eso porque "había dado crédito" a que en el momento del incidente había una bomba en la central capaz de inyectar agua y mantener la integridad del reactor porque, si no, habría sido un "3".
En toda la historia de las nucleares españolas, solo ha tenido un "3" Vandellós I, en 1989, y supuso el cierre de la central.EFECOM
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