Madrid, 2 ago (EFECOM).- El suceso ocurrido en 2004 en la planta de Vandellós II (Tarragona), que le ha supuesto la multa más alta impuesta nunca a una nuclear, con 1,6 millones de euros, conllevó que todas las centrales españolas adoptaran un nuevo plan de acción.
A raíz del suceso, las siete instalaciones españolas, que contenían hasta el cierre el 30 de abril de Zorita 9 reactores, tuvieron que presentar un plan de acción en el que se recogieran las "lecciones aprendidas" del suceso.
La propia Vandellós II, tras estar parada 5 meses y medio para solucionar el problema de corrosión en su sistema de aguas esenciales, lleva funcionando desde el 3 de septiembre del año pasado con su gestión renovada.
El incidente que ha provocado finalmente las sanciones consistió en la detección de una fuga en las tuberías del tren B, que lleva, como el tren A, el agua de mar para la refrigeración de los servicios esenciales.
El incidente detectado el 25 de agosto se calificó inicialmente con un nivel "0", es decir, sin trascendencia para la seguridad. En octubre pasó a ser un "1" y el CSN acabó otorgándole un "2" en el mes de mayo, el más grave en las nucleares españolas desde 1992.
En España solo ha existido un incidente de nivel "2", en Trillo (Guadalajara), en 1992, y uno de nivel "3", en Vandellós I, en 1989 y que supuso el cierre de la central.
El CSN aseguró en un informe que Vandellós II había primado la "producción" sobre la "seguridad", que durante un tiempo había funcionado con sus "márgenes de seguridad reducidos" y que había ocultado información al CSN.
Vandellós II se volvió a conectar a la red tras superar las últimas pruebas de sus válvulas de vapor y recibir el permiso definitivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para arrancar en condiciones de seguridad.
El 27 de junio de 2005 la junta de administradores de la asociación Nuclear Ascó-Vandellós, A.I.E (ANAV), formada por las empresas propietarias de las centrales de Ascó y Vandellós (Endesa al 72% e Iberdrola al 28%), aprobó una nueva organización que dirige desde entonces Enrique Bordiú.
El suceso fue estudiado el año pasado en una Ponencia en el Congreso de los Diputados ya que supuso "una falta en la cultura de seguridad integral" que ha de seguir toda central nuclear española.
Para esclarecer el suceso acudieron al Congreso la presidenta del CSN, María Teresa Estevan Bolea, los consejeros y la dirección técnica del organismo, así como los responsables de la central y representantes ecologistas.
En junio de 2005 la Comisión de Industria del Congreso aprobaba por unanimidad unas conclusiones fruto de los estudios de la Ponencia que recogían medidas dirigidas a la central, al Consejo y que afectan además al resto del parque nuclear español.
El informe aprobado instaba al CSN a que requiriera a ANAV el establecimiento de un proceso de autoevaluación y supervisión internacional para que sin pausa, y hasta 2007, se compruebe que avanza de forma sustancial en la gestión de la seguridad.
Para que casos como el de Vandellós II no se repitan se acordó que el CSN solicite a cada planta una evaluación del estado de su cultura de seguridad, así como un informe sobre fenómenos "degradatorios".
El CSN tuvo que implantar un procedimiento para evaluar los incidentes "en un tiempo mínimo" y asegurar una respuesta gradual adecuada a la gravedad del suceso.
Tras lo sucedido, se reforzó también la figura del inspector residente que el CSN tiene en cada central para incorporarse al comité de seguridad de la central y del explotador.
Otra de las medidas aprobadas por la Ponencia fue que el CSN estableciera los mecanismos necesarios para que los trabajadores de las centrales comuniquen al titular o al propio Consejo las deficiencias en seguridad nuclear o protección radiológica que puedan producirse en las instalaciones. EFECOM
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