El acuerdo alcanzado entre la petrolera YPF y Chevron, para explotar el ya famoso yacimiento de Vaca Muerta, se está encontrando con más problema de los esperados por la mandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
El último entorpecimiento a este pacto llega por parte de un grupo de accionistas minoritarios de Repsol, que interpusieron una demanda al Estado argentino a raíz de la expropiación del 51% de las acciones de YPF, hasta entonces propiedad de la petrolera española. En una ampliación de esta demanda, el grupo de accionistas solicita una copia del contrato firmado por YPF con la multinacional de origen estadounidense, Chevron, del que hasta ahora no se han conocido los detalles públicamente.
Así se lo hizo saber la jueza federal Liliana Heiland a través de una notificación a la petrolera que dirige Miguel Galuccio y a la Secretaría de Energía, que según el diario local El Cronista, tendrán diez días hábiles para responder a esta petición. "En concreto, el oficio exige una copia del Acuerdo de Proyecto de Inversión celebrado entre YPF y las empresas subsidiarias de Chevron Corporation el día 16 de junio de 2013 con el objetivo de la explotación conjunta de hidrocarburos no convencionales en la Provincia del Neuquén, incluyendo en ello toda la documentación complementaria".
En caso de que YPF se niegue a entregar los detalles del contrato con Chevron, se activarían otras dos peticiones legales en su contra, actualmente en suspenso. Se trata de la solicitud a Caja de Valores y a la Comisión Nacional de Valores de una copia del registro de accionistas de la empresa YPF, entre otros datos, y la anotación del presente litigio en los libros sociales de YPF y en los registros de los dos organismos mencionados.
Según El Cronista, la petrolera argentina no ha querido hacer ningún tipo de declaración referida a este tema.
Esta demanda contra Argentina está promovida concretamente por un grupo de inversores agrupados en la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), junto con otros particulares, que en mayo iniciaron este proceso por daños y perjuicios. Se trata de un juicio que se litiga en los tribunales contencioso administrativos y que se suma a las distintas demandas a las que tendrá que hacer frente el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por demorar el pago a Repsol tras la expropiación de YPF.
Según el medio local, los abogados Rodolfo Carlos Barra y Federico Jiménez Herrera, que representan a los querellantes, reclaman una indemnización que podría llegar a un canon de 100 millones de dólares anuales (unos 75,4 millones de euros), aunque la evaluación del daño todavía está pendiente del estudio de un perito.
"Los letrados se basan en la inconstitucionalidad de la ocupación de las acciones de propiedad de Repsol". Esto es, explican, "una confiscación de la propiedad, sin que importe para esta calificación la intención de expropiar. El Estado ya está actuando como si fuera el dueño: es un confiscador ilegal y no un ocupante legal; siendo ello lo que justifica la medida aquí peticionada".
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