La CNMV abre expediente a Aurea Negocios, una empresa de formación, por operar sin licencia financiera

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió hoy que ha abierto un expediente sancionador a Aurea Negocios, entidad perteneciente a Aim Grupo, por prestar servicios de inversión supuestamente sin la debida autorización, informó el organismo regulador.

La CNMV explicó que la entidad no se encuentra entre sus registros, no está autorizada para apelar o captar ahorro del público y tiene indicios de que ha venido realizando actividades propias de las empresas de servicios de inversión sin la preceptiva autorización.

Según fuentes financieras consultadas por elEconomista, la citada sociedad vendía warrants y derivados financieros con licencias de intermediación mercantil (no financiera), cuyo objeto social es la educación y formación. Otras fuentes aseguran también que vendía contratos sobre diamantes a través de la sociedad Golden Diamonds, dedica a la importación de diamantes, oro y artículos de joyería.

El supervisor ha abierto un expediente sancionador por la presunta comisión de una infracción muy grave tipificada en la Ley del Mercado de Valores por incumplimiento de la reserva de actividad prevista consistente "en el desarrollo habitual de la actividad de gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión con arreglo a los mandatos conferidos por los inversores, sin contar con la perceptiva autorización".

David Samper Bravo y Francisco Guillén Requena

Asimismo, el organismo regulador informó este mismo día sobre las medidas adoptadas a los responsables de Aurea Negocios, David Samper Bravo y Francisco Guillén Requena, para que cesasen su actividad. Según informa la CNMV, Guillén Requena presentó alegaciones en contra de la solicitud de cese de la actividad, como representante único de la entidad.

La CNMV, al considerar que las alegaciones realizadas "no desvirtúan los hechos infractores" decidió en su reunión del 27 de julio solicitar a los responsables el cese de la actividad de la compañía, informándoles de que en caso de que continuase serían sancionados con "multas coercitivas por importe de hasta 300.000 euros, que podrán ser reiteradas con ocasión de posteriores requerimientos", y todo ello sin perjuicio del resto de responsabilidades, incluso de orden penal que puedan ser exigibles.