
La repercusión de la posible devolución de las ayudas a la construcción de barcos en España, que podría decidir la Comisión Europea la próxima semana, va mucho más allá de las consecuencias que pudieran tener en el negocio español de los astilleros.
Según fuentes solventes, conocedoras del proceso, podría golpear de lleno al negocio naval europeo, que en la actualidad controla más del 40% de la actividad mundial.
Para evitarlo, Anave -la patronal naviera española- se ha puesto en contacto con la mayoría de sus colegas europeos para que intenten convencer a los respectivos comisarios nacionales, que deberán participar en la reunión del Colegio de Comisarios del próximo 17 de julio en Bruselas, de que obligar a reintegrar esos incentivos fiscales podría tener un impacto irreparable en las navieras del Viejo Continente.
Docena de países
Anave ya les ha descrito la situación a una docena de países entre los que se encuentran -entre otros- Alemania, Francia, Holanda, Chipre, Noruega y Reino Unido y a fecha de hoy, "cuatro o cinco de ellos ya han logrado el apoyo del Comisario que les representará en la reunión", añaden las mismas fuentes.
No hay que olvidar que de los 272 buques que se construyeron en astilleros españoles y a los que se les aplicó el sistema del tax lease, 180 iban destinados a armadores extranjeros. "
La obligación de la devolución de las ayudas a los astilleros españoles podría provocar un efecto en cascada en otros astilleros europeos -España, por ejemplo, también ha denunciado el sistema de ayudas holandés- y al final, los grandes perjudicados serían los grupos navieros europeos, que controlan cuatro de cada diez barcos en todo el mundo y a los que también se les podría exigir responsabilidades", advierten desde el sector. De hecho, Almunia ya ha confirmado que, además de Holanda, se han abierto investigaciones en Francia, Malta y Grecia.
Sin olvidar el efecto en cadena que tendría este problema para los astilleros y la paralización de los contratos en factorías europeas -no sólo en las españolas- hasta que se resolviera el conflicto, el comisario europeo de Competencia dio una vuelta de tuerca al dejar bien claro que la devolución de las ayudas no se le iba a exigir a los astilleros españoles -o europeos, en el caso de que el problema traspase fronteras-, sino a las AIG (Agrupaciones de Interés Económico) que invierten en la compra del barco y a los armadores que las contratan. Los navieros se han rebelado contra esta situación y con la interpretación de Joaquín Almunia, que califican de injusta.
La semana pasada, Adolfo Utor, presidente de la patronal Anave advertía que por contrato son los astilleros quienes tienen la responsabilidad última. Además, en un caso extremo en el que se les acabara pidiendo responsabilidades a los armadores, los miembros de Anave se plantean denunciar al Estado español, ya que todas estas operaciones tenían el visto bueno de la Agencia Tributaria, al menos, por duplicado.
Navieros sin confianza
Más allá de los litigios legales, la decisión puede acabar para siempre con la confianza de los navieros europeos en los astilleros del Viejo Continente. Muchos de ellos reparten sus pedidos entre instalaciones de Asia -mucho más baratas- y de Europa para hacer patria.
Un problema legal de estas características les haría optar definitivamente por Corea y China como mercado abastecedor y supondría el fin de los astilleros europeos, que en la actualidad presentan un modelo bastante agotado, ya que sólo significa el 6% del mercado mundial de la construcción de barcos.
De hecho, este porcentaje residual se debe gracias al empeño de Bruselas, que ha querido mantener a toda costa el negocio de los astilleros en Europa para evitar depender de terceros. El ejemplo de Airbus en el mercado de la aeronáutica -que rivaliza con Boeing en la fabricación de aviones comerciales- ha tenido mucho que ver en esta decisión. Pero si la propia Comisión autodestruye este mercado, ya de por sí debilitado, serán los astilleros asiáticos los únicos que surtan de barcos a Europa, y es en ese escenario donde las navieras europeas se temen lo peor: subida del precio de los barcos a cambio de, cada vez, una menor calidad.