KPMG, la auditora contratada por la CNMV para realizar un análisis forense y buscar posibles fraudes y delitos societarios en la gestión de Pescanova, ha descartado, en principio, que haya habido apropiación indebida en la compañía. Aunque la firma ha declinado hacer ningún tipo de comentario al respecto, fuentes de toda solvencia han confirmado que sí ha quedado demostrado, en cambio, que se falsearon las cuentas de los últimos ejercicios para ocultar no sólo una deuda que supera los 3.400 millones de euros, sino también pérdidas y un patrimonio neto negativo, lo que complicaría aún más la situación financiera de la empresa y obligaría a realizar nuevas inyecciones de capital.
Todo indica así que, aunque el equipo gestor pudo haber alterado la contabilidad y haber engañado tanto a la CNMV como al mercado, en ningún momento se produjo desvío de dinero a sociedades patrimoniales particulares. Aún así, la Udef está elaborando también un informe sobre posibles variaciones en los últimos años en el patrimonio del presidente de la compañía, Manuel Fernández de Sousa, a petición del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que ha imputado al directivo por varios delitos societarios.
Tal y como adelantó elEconomista el pasado 28 de mayo, el presidente de la empresa, Manuel Fernández de Sousa, remitió unos estados financieros a la CNMV en el que se reflejaba un patrimonio neto consolidado de 653 millones de euros, cuando la realidad es que esa cifra está en rojo y la sociedad se encontraría así en una situación de quiebra técnica.
"Es posible que la cifra aumente todavía un poco más, pero lo que ya se sabe es que los fondos propios están sobrevalorados en más de 650 millones y la cifra real sea negativa", aseguran las fuentes consultadas. Bajo la dirección todavía de Fernández de Sousa -Deloitte no se había incorporado como administrador concursal-, Pescanova envió a la CNMV el pasado 5 de abril unas cuentas en las que además de fondos propios positivos, aseguraba haber tenido un beneficio después de impuestos de 36 millones de euros en el ejercicio 2012.
El supervisor rechazó aquellas cuentas y dio un nuevo plazo a la empresa para que remitiera otras, con el aval del auditor y la firma de todos los consejeros. Fernández de Sousa modificó entonces el balance y la cuenta de resultados y, pese a declarar una vez más fondos propios positivos, admitió la deuda oculta y reconoció que su resultado arrojaba, en realidad, unas pérdidas de 20 millones de euros.
KPMG considera, sin embargo, que 2012 no ha sido el único ejercicio en el que las cuentas se han alterado y, de hecho, ha encontrado números rojos en ejercicios anteriores.
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