El Tratado de la Carta de la Energía (TCE) ha arrancado el arbitraje de los fondos fotovoltaicos. Según pudo saber elEconomista, Gabrielle Kauffmann-Kohler tendrá la última palabra en la disputa internacional que enfrenta al Gobierno español con un total de 16 grandes fondos de inversión que presentaron en noviembre de 2011 una reclamación por el recorte de las primas a la energía solar fotovoltaica.
Los fondos cuentan con la asesoría del despacho Allen & Overy, que les representa con sus letrados, J. Gill y J. Sullivan, y por parte del Gobierno español, la defensa se contrató al bufete Herbert Smith con Eduardo Soler Tappa y C. Leathley a la cabeza, tal y como adelantó en su momento elEconomista, que colaboran con la Abogacía del Estado.
Gabrielle Kaufmann-Kohler, la presidenta del tribunal arbitral, es profesora de derecho en la Universidad de Ginebra, donde imparte clases de arbitraje internacional y de derecho internacional privado. Ha actuado en más de 140 disputas comerciales y de inversión internacionales y clasifica regularmente entre los diez mejores árbitros del mundo.
Kauffman-Kohler presidió el Tribunal de Arbitraje para el Deporte de la división ad hoc para los Juegos Olímpicos. Es Presidente Honorario de la Asociación Suiza de Arbitraje , un miembro de la Corte Internacional, de la Junta de la American Bar Association y del Consejo Internacional de Arbitraje Comercial (ICCA).
Ha escrito y editado numerosos libros y artículos en materia de solución de diferencias y dirige varios proyectos de investigación financiados por el Fondo Nacional Suizo de Investigación en esta área. Tiene un doctorado summa cum laude de la Universidad de Basilea.
El tribunal arbitral cuenta tambien con la participación de los prestigiosos letrados Charles Brower, que participó en sonadas disputas entre Irán y Estados Unidos y del mexicano Bernardo Sepúlveda-Amor.
Los fondos que participan en esta reclamación son AES, Solar, Ampere Equity Fund, Element Power, Eoxis Energy, European Energy, Foresight Group, GreenPower Partners, GWMLux Energia Solar, HgCapital, Hudson Clean Energy, Impax Asset Management, KGAL, NIBC Infrastructure Partners, Scan Energy y White Owl Capital. Todos ellos reclaman el daño patrimonial cifrado en alrededor de 600 millones de euros.
En España, 55.000 promotores de energía fotovoltaica esperan conocer el resultado de este arbitraje para saber si pueden acogerse a él y recuperar parte de la inversión perdida por los recortes. Muchos de ellos, agrupados en Anpier han visto ya como el Tribunal Supremo rechazaba su petición al considerar que los recortes se pueden aplicar.
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