El grupo portugués BA Vidro, primer accionista de La Seda de Barcelona con un 20 por ciento del capital, acudirá a la junta de accionistas de la compañía con el objetivo de censurar la gestión del actual presidente en funciones, José Luis Morlanes.
Según el presidente de BA Vidro y expresidente de La Seda, Carlos Moreira, "Morlanes, como presidente del consejo de administración, se ha posicionado públicamente a favor de los acreedores, incluso perjudicando a los actuales accionistas, lo que es totalmente ilógico".
Morlanes defiende la propuesta del fondo especulativo Anchorage, que propone capitalizar un crédito sindicado de 230 millones de euros para evitar el concurso de acreedores de La Seda. Anchorage controla 100 millones de ese crédito de forma que, tras una reducción del capital actual a cero y posterior ampliación, le daría el control de la gestión de La Seda. Sin embargo, la propuesta que defienden Anchorage y Morlanes no cuenta con el apoyo del 75% del crédito sindicado, algo imprescindible para sacar adelante la operación.
"Papel mojado"
El Banco Comercial Portugués (BCP) todavía no se ha pronunciado sobre la propuesta de Anchorage y su voto es clave para aprobar el acuerdo. Una posibilidad que tiene el fondo especulativo es comprar a buen precio la parte del crédito de BCP para hacerse con los derechos de voto, pero eso supondría un nuevo desembolso.
Pese a esta posible maniobra, BA Vidro considera que el "acuerdo de acreedores sería papel mojado en la junta de accionistas" prevista para el próximo día 26 de junio. BA Vidro, además de su 20%, podría contar con el apoyo indirecto de Caixa Geral (15% del capital), Liquidambar (5%) y otros accionistas minoritarios. Tradicionalmente a una junta de La Seda acuden poco más del 50% de los accionistas.
Por otro lado, Morlanes ha contratado al abogado Emilio Zegrí, uno de los más caros de Barcelona, para que asuma su defensa como imputado en la causa que se tramita en el juzgado de instrucción número 3 de El Prat (Barcelona) que dirige la juez Sandra García. Zegrí es uno de los más reputados penalistas de Barcelona y, entre otras causas, ha defendido a la familia Carulla en la causa abierta por la Agencia Tributaria por evasión fiscal.
Morlanes está imputado por presuntamente haber cobrado a través de su sociedad Iter Metropolitá dos facturas por un importe total de 500.000 euros por mediar en la venta de una finca de La Seda a Quat Inversiones mientras formaba parte del consejo de administración y la dirección de La Seda.
La Seda reformula sus cuentas de 2012
