La Fiscalía ha abierto diligencias para averiguar las causas por las que se recalificó suelo rústico y por apreciar presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsificación documental.
La Fiscalía Anticorrupción ha tardado sólo doce días en pronunciarse sobre el caso Seseña, una presunta tramainmobiliaria en la que el constructor Francisco Hernando, El Pocero está construyendo una megaciudad en la localidad toledana compuesta por más de 13.500 viviendas, favorecido, presuntamente, por diferentes administraciones del PP y del PSOE.
Tras la denuncia presentada el pasado 14 de julio por Izquierda Unida, la Fiscalía decidió ayer abrir una investigación por un presunto delito continuado de prevaricación, falsificación documental y malversación de caudales públicos. Las diligencias de Anticorrupción se abren, según explicó ayer el Ministerio Público, "con el fin de conocer y determinar las irregularidades cometidas en diferentes procedimientos administrativos en el ámbito municipal de Seseña (Toledo), así como averiguar sus posibles causas que han conducido a la reclasificación de suelo rústico a urbanizable".
Recalificación de suelo
Los hechos, aunque han sido denunciados recientemente, se remontan a 2003. Según la denuncia de Izquierda Unida, el 6 de mayo de ese año se procedió a aprobar el PAU (Porgrama de Actuación Urbanizadora) de El Quiñón, un proyecto presentado por la empresa de El Pocero, Onde 2000.
La coalición política acusa a a la corporación municipal (gobernada en aquella época por el PSOE) de "reclasificar suelo rústico a urbanizable, a través de una simple modificación puntual de las normas de Planeamiento Urbanístico en Seseña, de 1.822.147 metros cuadrados".
Según la denuncia, Onde 2000, que fue el único adjudicatario de esta actuación, se benefició de una promoción compuesta por 13.508 viviendas de renta libre en diez alturas más locales comerciales y garajes dobles, "pudiendo reportar todo ello unos beneficios que superan los 1.500 millones de euros".
Las supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación del PAU, argumenta Izquierda Unida, "impidieron que el 50% de las viviendas tuvieran que ejecutarse bajo algún régimen de VPO (Viviendas de Protección Oficial), y que podrían ser constitutivos de varios delitos".
En la denuncia, el grupo político solicita investigar no sólo a El Pocero, el beneficiario de las presuntas irregularidades, sino también al Gobierno regional, cuyo máximo dirigente era en aquellos años el socialista José Bono. Según la denuncia, existe una estrecha relación entre Francisco Hernando y el ex ministro de Defensa. "La realización de trabajos por Onde 2000 en la empresa Hípica Almenara, de la que era accionista el entonces presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, José Bono, es una coincidencia destacable", asegura la denuncia sobre la que ahora investiga la Fiscalía Anticorrupción. De hecho, IU ha presentado como prueba un vídeo donde aparece trabajando en la hípica camiones de Onde 2000.
Sospechas desde el principio
Las irregularidades denunciadas por Izquierda Unida comienzan el mismo día de la adjudicación de El Quiñón a El Pocero. El 8 de mayo de 2003, el Ayuntamiento de Seseña celebró un pleno extraordinario donde, fuera del orden del día, se votó la aprobación del polémico PAU. Pocas horas después, a las doce de la noche, comenzaba la campaña electoral del municipio, que quitó la alcaldía al PSOE y se la dio a Manuel Fuentes, militante de Izquierda Unida.
Desde el principio, Fuentes se había opuesto a esta adjudicación, alegando que no cumplía los requisitos necesarios. Una opinión que fue respaldada por el informe jurídico realizado por técnicos del mismo Ayuntamiento de Seseña.
Este documento, presentado como prueba en La Fiscalía Anticorrupción, asegura que "para poder realizar un pronunciamiento sobre la adecuación a la legalidad de la propuesta realizada por Onde 2000 y el procedimiento adecuado para llevarla a efecto sería necesario realizar un estudio más profundo y detallado de la misma, donde se complemente o aporte mayor documentación que permita concretar el cumplimiento de los requisitos legales".
Además de ignorar este informe, el PSOE presentó un documento de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente favorable al proyecto. Este visto bueno era indispensable para que la Comisión Provincial de Urbanismo de Toledo concediera todas sus bendiciones al proyecto de El Pocero.
Sin embargo, el informe de Medio Ambiente no tiene registro de entrada ni de salida en ningún organismo oficial. Tampoco fue entregado, como es obligatorio, 24 horas antes de celebrarse el pleno, junto con toda la documentación necesaria para el pleno.
Estas dos irregularidades, denunciadas por Izquierda Unida en Anticorrupción, llevaron a Fuentes, ya alcalde, a presentar un recurso de reposición contra la adjudicación del PAU. Pero, cinco meses después, los concejales del PP y el PSOE volvieron a llevar a votación el proyecto, que salió adelante gracias a sus votos y con la única oposición de Izquierda Unida.
Barreda dice que es legal
La apertura de diligencias para averiguar las presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Seseña se conoció ayer, pocas horas después de que el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda (PSOE), asegurara que este proceso urbanístico es "transparente, legal e impecable".
Barreda dio una rueda de prensa después de entrevistarse durante más de dos horas con el presidente del Gobierno, y aseguró también que las 5.000 primeras viviendas que se levantarán en El Quiñón, y que se entregarán en 2007, "tendrán agua a tiempo". Unas afirmaciones que contrastan con la investigación abierta por Anticorrupción y con las denuncias de IU sobre la falta de infraestructuras básicas en la zona.
