La situación procesal del presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, se complica un poco más cada día que pasa. Según han confirmado fuentes jurídicas, la Fiscalía tiene sospechas fundadas de que podría haber estado usando información privilegiada al menos durante los dos últimos años. "Se han detectado movimientos especulativos muy sospechosos, y no de ahora, sino desde hace ya tiempo, aunque ahora tendrá que ser la Udef la que abra una investigación y se pronuncie al respecto", aseguran estas fuentes.
De momento, esa es la razón por la que el juez Pablo Ruz, instructor del caso, ha pedido ya a la Unidad de Delitos Económicos de la Policía un informe específico "sobre eventuales cambios significativos operados en el patrimonio de Manuel Fernández de Sousa-Faro y de su entorno familiar durante los años 2012 y 2013 que supongan salidas, pérdidas, transformación o transferencias reales o aparentes de activos".
En concreto, la Policía va a investigar también a su hermano Fernando Fernández de Sousa, a su mujer, Rosario Andrade y a su hijo Pablo Fernández Andrade. Si se encontraran movimientos sospechosos se procedería a rastrear también movimientos en años anteriores.
Engaños al mercado
El pasado 15 de abril, Fernández de Sousa admitió en un comunicado a la CNMV que poco antes de que se presentara el preconcurso de acreedores el 1 de marzo vendió un 7 por ciento de la compañía -redujo su participación hasta el 7,4 por ciento- sin comunicarlo al supervisor, tal y como establece la Ley del Mercado de Valores. Pero según sospechan tanto los accionistas minoritarios que presentaron la querella en la Audiencia Nacional, como la Fiscalía y el juez instructor, puede haber muchos más movimientos, de menor dimensión, desde hace años.
En el auto dictado el jueves, Ruz apunta ya que las cuentas anuales de los ejercicios 2009, 2010 y 2011, los folletos informativos y otros informes financieros "no reflejaban la imagen fiel de la compañía". Y hay que tener en cuenta que esta documentación sirvió para llevar a cabo, entre otras operaciones, una ampliación de capital y una emisión de bonos. El abogado de los accionistas minoritarios de Pescanova, Joaquín Yvancos, anunció ayer, por otro lado que, "tras escuchar atentamente la declaración de Fernández de Sousa ante el juez Ruz, prevista para el próximo 1 de julio, pediremos con toda probabilidad su ingreso en prisión y la retirada de su pasaporte".
Según el letrado, existen motivos suficientes para que el presidente del grupo Pescanova (ahora retirado de sus funciones ejecutivas por orden judicial), ingrese en prisión. "Ha falsificado la contabilidad, ha ocultado pruebas, ha colocado a directivos afines en las filiales para seguir controlando la empresa una vez que fue apartado por el juez, y es una persona que podría haberse lucrado con información privilegida y tener patrimonio fuera de España", asegura el letrado.
Atrocidades contables
En opinión de Yvancos, tras la imputación de Sousa, del exconsejero delegado, Alfonso Paz-Andrade, y de los consejeros José Alberto Barreras y José Antonio Pérez Nievas, "la gente que queda va a contar la verdad de todo, para salvarse", por lo que prevé que salgan a la luz "verdaderas atrocidades contables".
Mientras tanto, y ante la amenaza cada vez más evidente de que Pescanova sea vendida por partes, la Xunta de Galicia volvió a insistir en su carácter integral y en que "solo tiene viabilidad en tanto en cuanto es un proyecto único". Según manifestó Rosa Quintana, responsable de Medio Rual y Mar, "nosotros, desde nuestra perspectiva, no vemos ningún tipo de planteamiento de trocear Pescanova".
A la espera de lo que pueda ocurrir, Deloitte, administración concursal de Pescanova, ha comunicado al comité de empresa que aunque el abono de las nóminas de mayo y junio está asegurado, debido a la situación en la que se encuentra la compañía se van a tener que acometer reestructuraciones de personal. Según han indicado fuentes conocedoras de esta reunión, realizada a petición del comité de empresa, la administración ha planteado que estas medidas de reestructuración, en el caso de adoptarse, serían lo menos traumáticas posible, y que no se producirían de forma inmediata.
También han manifestado al comité de empresa que la reestructuración de personal no era uno de los objetivos más inmediatos de la administración concursal, que en estos momentos estaba volcaba en conseguir liquidez.
Sousa cree que puede mantener todo el empleo en Pescanova S.A
