La Fiscalía Anticorrupción intenta por todos los medios apartar al juez Elpidio José Silva del caso Blesa con el objetivo final, según todas las fuentes jurídicas consultadas, de dar un giro radical a la instrucción. Sin embargo, fueron tanto la Fiscalía como la Audiencia Nacional las que hace apenas siete meses decretaron que fuera él el que llevara a cabo la investigación rechazando la inhibición que había solicitado.
El juez Silva dictó el 3 de julio del año pasado una resolución en la que aseguraba que como resultado de la investigación llevada a cabo a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, y al antiguo dueño de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, "se infiere que la conducta denunciada pudiera ser constitutiva de un presunto delito societario y de falsedad documental cuyo conocimiento está atribuido por el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a la Sala de Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso, a los Juzgados Centrales de lo Penal".
En un auto dictado el 8 de octubre, Fernando Andreu, titular del Juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, dejó muy claro sin embargo que debía continuar con el proceso. "Tal y como recoge el Ministerio Fiscal en su informe, no procede aceptar la inhibición", sentenció el magistrado.
Andreu está investigando el proceso de fusión de las siete cajas de ahorro que dio lugar en julio de 2010 a Bankia. El problema es que la integración y posterior salida a bolsa de la nueva entidad, que fue denunciada por UPyD y se ha saldado ya con la imputación de 33 consejeros de las antiguas cajas, sucedió con posterioridad a la gestión de Blesa.
Sorpresa y estupor
Por eso, el magistrado Fernando Andreu deja muy claro en su auto que son hechos que "se encuentran debidamente perimetrados" y no se corresponden con los denunciados por el sindicato de funcionarios Manos Limpias, que fue el que llevó a Blesa ante en los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla (Madrid).
La acusación no entiende por ello cómo es posible que ahora Anticorrupción intente recuperar el caso, pero el hecho es que el pasado martes el fiscal Conrado Sáiz solicitó a través de un escrito dirigido al juez Silva que debe remitir toda la documentación de los sumarios abiertos. Y no sólo por la compra del City National Bank of Florida (CNBF), que fue una operación denunciada posteriormente, el pasado diciembre, sino también por los créditos a Díaz Ferrán. Aunque la petición ha causado también estupor en el juzgado, el magistrado Silva está dispuesto a facilitar la información, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas.
Manos Limpias presentó ayer, por otro lado, un escrito en el que le solicita que dicte prisión provisional sin fianza para Blesa por la compra del banco de Estados Unidos, al entender que "subsiste riesgo de fuga y que tiene una gran disposición económica habida cuenta de que abonó una fianza de 2,5 millones de euros en menos de 24 horas". En el marco de la instrucción, ayer estaban citados por otra parte a declarar los exdirectivos de Caja Madrid Idelfonso Sánchez Barcoj, Matías Amat, Gonzalo Alcubilla, Fernando Sobrini, Luis Crespo y Juan Bartolomé, antiguos miembros del comité financiero.
Citación
Debían acudir a las nueve de la mañana, aunque el magistrado no comenzó a tomarles declaración hasta la tarde, a la espera de resolver una posible suspensión en base al incidente de recusación formulado por la defensa de Blesa.
El juez Silva tiene un especial interés en interrogar a Sánchez-Barcoj, al que todos los indicios apuntan ya como uno de los responsables en el sobreprecio sospechoso que Caja Madrid abonó por el City National Bank of Florida. Sánchez-Barcoj era junto a Matías Amat uno de los dos directores generales de la caja y estaba considerado la mano derecha de Miguel Blesa. Controlaba la dirección financiera y de riesgos, aunque de momento está imputado sólo por el crédito a Díaz Ferrán y no por la compra del banco norteamericano.
El juez Silva también había citado a declarar ayer, aunque en calidad de testigo, al empresario Gabriel María Subías, exconsejero delegado de Orizonia Corporación. Díaz Ferrán logró en 2010 la renovación del crédito que le otorgó Blesa por 26,6 millones de euros, a pesar de que no había conseguido una oferta vinculante de Marsans por parte de Orizonia, tal y como había pactado con la caja.
El instructor aprecia en la actuación de Blesa y Díaz Ferrán "indicios de criminalidad inherentes a manifiestas infracciones de buenas prácticas bancarias, que además inciden en la proyección de una imagen sumamente deteriorada de la llevanza del riesgo y la regencia de una entidad de relieve" como es Caja Madrid, según un auto de febrero.
Anticorrupción reclama el 'caso Blesa'