Madrid, 17 abr (EFECOM).- La "rectificación chapucera" que según los socialistas madrileños hizo ayer la Consejería de Vivienda a la Orden de subida de precios de la vivienda protegida ha hecho que éstos descarten recurrir la Orden en los tribunales, pero seguirán exigiendo su retirada con una campaña política por toda la región.
Así lo ha anunciado hoy la portavoz del grupo socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, que ha explicado que, aunque la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM) rebaja de 80.000 a 50.000 el número de familias afectadas por subidas de precios de entre un 25% y un 32% en la vivienda que ya han adquirido, el "problema subsiste".
"La rectificación de ayer no implica que se vayan a dejar de aplicar esos incrementos. Exigimos la derogación de la Orden y vamos a realizar una campaña contra este brutal incremento de precios en los ámbitos locales y con colectivos sociales y de jóvenes", ha afirmado la portavoz socialista.
Por su parte, el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE), Tomás Gómez, ha dicho que la Comunidad "sólo ha dado un paso atrás que significa que las promociones que ya estaban en marcha antes de la entrada en vigor de la orden (1 de abril) no se verán afectadas".
"Entendemos que con esta Orden se siguen lesionando los intereses de los ciudadanos madrileños, con incrementos de entre el 25 y el 32% en vivienda protegida en venta y entre un 52 y 92% en la de alquiler. Vamos a seguir exigiendo su derogación para dar lugar a una nueva fruto del consenso", ha indicado Tomás Gómez en un comunicado.
Los socialistas quieren también que la Comunidad "paralice" la solicitud que ha hecho al Ministerio de Vivienda para modificar los "ámbitos territoriales de precio máximo superior", por la cuál las actuales cuatro zonas en que se divide la región en materia de precios de vivienda protegida se reducirían a tres.
Con la propuesta de la Comunidad, 20 municipios de la actual zona B pasarían a la zona A y sufrirían un incremento de precios del 53,6% (vivienda protegida de régimen básico en venta), 92% (alquiler) y 53% (vivienda de precio limitado).
Otros 21 municipios de la zona C pasarían a la zona B, con un incremento de precios del 36% (vivienda protegida de régimen básico en venta), 70% (alquiler) y 35,6% (vivienda de precio limitado);
Por último, 110 municipios de la zona D pasarían a la C y sufrirían incrementos del 32,5% (vivienda protegida en venta), 31,9% (vivienda de precio limitado) y 65% (alquiler), ha explicado el portavoz de Vivienda del PSOE en la Asamblea, Antonio Fernández Gordillo, que ha llamado al Gobierno regional a la "cordura" y a "negociar" estos ámbitos territoriales con los ayuntamientos.
El portavoz del PP, Antonio Beteta, les ha replicado que, "si quieren que haya vivienda protegida, tienen que atenerse a los costes" y que "los cálculos los ha hecho el Gobierno socialista de España"
Además, Beteta ha sostenido que la resolución publicada ayer en el BOCM no es una rectificación de la Consejería, sino una "interpretación normativa" de la Orden del 1 de abril, y ha apuntado que "si los promotores interpretaron equivocadamente la Orden, deberán rectificar ellos". EFECOM
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