Tras el fracaso de las dos subastas previas, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) prevé una venta troceada de Catalunya Banc para poder colocarla. Dicho organismo aún no ha hecho públicas sus intenciones, pero fuentes financieras aseguran que el negocio de Catalunya Banc será parcelado y vendido por partes, como paso previo a relanzar subasta ya solo con el negocio situado en Cataluña, donde es la segunda entidad con el 13 por ciento del mercado.
La estrategia no es nueva. El pasado 30 de abril, la entidad, que ha recibido 12.052 millones en ayudas, inició su proceso de redimensionamiento con la elección de Nomura para vender sus 316 oficinas de fuera de Cataluña, la mayoría en la Comunidad Valenciana y Madrid. De igual forma, ocho firmas internacionales han presentado ofertas para comprar CX Inmobiliaria, filial encargada de gestionar los inmuebles transferidos al banco malo y que la entidad ha puesto a la venta.
La novedad es que el Frob ha hecho suya esta estrategia y en vez de subastarla al completo, como intentó las dos veces anteriores, ahora quiere venderla por partes. Una vez colocadas las oficinas externas a su mercado autonómico, CatalunyaBanc sólo mantendrá presencia en el territorio catalán, donde cuenta con unas 760 oficinas, y, según las mismas fuentes, será más fácil de vender "por un precio positivo, tal y como desea el Gobierno". El saneamiento adicional que podría necesitar para el proceso podría suponer una nueva inyección de más de 2.000 millones, cantidad que ni la entidad ni el Frob han confirmado.
El nuevo presidente provisional de CatalunyaBanc, Juan María Hernández Andrés, prevé acudir precisamente esta semana al Frob para que le comunique el informe elaborado por la consultora Mckinsey y la opción elegida por el organismo para la entidad catalana.
Veto a la pensión de Todó
Hernández ocupa la presidencia de forma transitoria hasta la incorporación en junio de José Carlos Plá, el que fuera presidente de CajaSur y fichado por el Frob para sustituir a Adolf Todó. El expresidente de CatalunyaBanc, defensor de la venta de la entidad en la subasta frustrada en marzo, había mostrado cansancio y el deseo de no continuar si la entidad acababa agrupada junto a las otras dos nacionalizadas.
Su salida, sin embargo, podría no ser tan tranquila. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha vetado el pago de los 4,5 millones que Todó tenía reconocidos como pensiones y los 1,5 millones en favor de su consejero delegado, Jaume Masana, también relevado en el cargo. El argumento es que la Fiscalía de Barcelona investiga desde el año pasado la legalidad de sus contratos antes de nacionalizarse la entidad. De Guindos explicó ayer en Bruselas que "el Gobierno va a aplicar la normativa vigente" en este proceso.
La decisión parece influída por el escándalo que supondría permitir un desembolso millonario cuando la entidad ha recibido 12.052 millones en ayudas y enfila su subasta para evitar un agujero mayor. El veto recoge el espíritu de las leyes aprobadas por el Gobierno para limitar las retribuciones en entidades auxiliadas. Fuentes financieras señalan, sin embargo, la existencia de una posible laguna legal que no anulase el cobro de las pensiones acumuladas antes de una nacionalización y permitiese a Todó aspirar a recibir su pensión.
El Gobierno paraliza la pensión de Todó
