Varapalo al famoso Plan E de Zapatero, a los kilómetros y kilómetros de carriles bici, a las pistas de padel, a los spas en municipios casi vacíos, a las piscinas de verano para el invierno o los carteles que en muchos casos superaban el coste de la propia obra a realizar...
El Boletín Oficial del Estado se ha hecho eco esta semana de la fiscalización llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas sobre el Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), que sentencia que las obras ejecutadas por los ayuntamientos en los años 2009 y 2010 no cumplieron con los requisitos exigidos por el programa. A saber, se hicieron sin licitación pública o ni se hicieron, no eran necesarias en muchos de los casos y, lo que es más sangrante, en un 66 por ciento de las actuaciones no se creó empleo, pese a ser una de las prioridades.
Duro en su continente y en su contenido, la lista del organismo fiscalizador (hecha sobre una muestra de 1.270 proyectos de 700 ayuntamientos y mancomunidades) es larga y pone de relieve que tres de cada cuatro obras no eran necesarias.
"En el 70 por ciento de los expedientes no se acreditó la necesidad pública de la inversión, que supone una garantía de que los fondos públicos se destinen a un fin necesario para la entidad local", apunta el documento elaborado por el Tribunal de Cuentas.
Lista de irregularidades
Entre sus denuncias destaca el incumplimiento sistemático de los plazos legales de elaboración de presupuestos o que en el 90 por ciento de los casos no se garantizara que las inversiones fueran de nueva planificación. "Los plazos fijados, la demora en el inicio de las actuaciones, la falta de procedimientos y criterios de selección originó que las entidades presentasen proyectos previstos con anterioridad" para los que no había recursos.
Además, subraya que el 21 por ciento de los contratos fueron adjudicados a a empresas que contrataron menos mano de obra de las previsiones de sus ayuntamientos y en el 12 por ciento de los casos, a empresas que no siquiera se habían comprometido a aumentar sus plantillas. En el 8 por ciento de los contratos ni siquiera se incluyó la condición especial de favorecer a personas en paro. Los datos revelan que sólo se crearon 8.000 empleos netos, frente a los 271.000 previstos por el Gobierno.
Asímismo, en el 62 por ciento de los contratos, las empresas ofertaron realizar más obra de la proyectada sin que fuera licitado ni comunicado al Ministerio, "suponiendo una baja encubierta en el precio". Para colmo, en el 41 por ciento de éstas, la obra sometida a licitación no fue de mejora, sino que se trataba de otras diferentes y no autorizadas por el Ministerio. Tampoco se cumplieron los plazos.
El BOE recoge en sus conclusiones la advertencia del Tribunal de Cuentas al Gobierno, que aconseja que se evite en el futuro la aprobación de programas destinados a la financiación de obras públicas que repercutan negativamente en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Además, insta a que se tomen las medidas para que las infraestructuras que aún no se encuentren en funcionamiento lo hagan en un plazo breve.
