El hoy directivo de Caixabank presidía la filial inmobiliaria a la que se le reclaman 34 millones. Junto a Pulido ha sido imputado el exdirector general adjunto de Cajasol y para propia Caixabank.
Antonio Pulido, expresidente de Cajasol y Banca Cívica y hoy directivo de Criteria Caixa Holding, filial de participadas de Caixabank, ha sido imputado por la magistrada Beatriz González del juzgado de instrucción número 5 de Sevilla en el marco de una demanda por estafa presentada por la inmobiliaria Grupo Ferro y en la que reclama a la entidad (hoy Caixabank, que absorbió Cívica) 34 millones de euros.
La juez ordenó en enero pasado al grupo de delitos económicos de la Policía Nacional la investigación de determinados aspectos solicitados por Ferro en relación a la compra de terrenos a Cajasol y la concesión de determinados préstamos por parte de la inmobiliaria y, ahora, procede a la imputación de Pulido, del exdirector general de Cajasol, Lázaro Cepas; de tres directivos de la filial Cajasol Inversiones Inmobiliarias y de la propia Caixabank.
La promotora de VPO sevillana denuncia que fue engañada en la concesión de un crédito de 27 millones a final de 2010 para construir 278 viviendas en Dos Hermanas (Sevilla). La inmobiliaria reclama a Caixabank un total de 34 millones de euros por diferentes conceptos (gastos incurridos, lucro cesante, daños a la imagen de la empresa) por la inclusión en la escritura de dicho préstamo, supuestamente sin conocimiento de la promotora y con mala fe, de cláusulas que han impedido a Ferro disponer de esos fondos para poder llevar a cabo la construcción de las viviendas. El relato de los hechos contenidos en la demanda es rocambolesco y, como afirma Ferro, "nos encontramos ante un posible ilícito, de los llamados comunmente negocios jurídicos criminalizados, que bajo la apariencia de un contrato civil, se fragua un ilícito penal, y que constituyen una estafa".
Compradores atrapados
La consecuencia es que unos 50 compradores, de los 135 que ya tenía el grupo desde que comenzó a comercializar las viviendas en el primer trimestre de 2011, le reclaman la devolución de las cantidades adelantadas y que suman en torno a 1,2 millones. La demanda se presentó en noviembre pasado tras no aceptar la entidad financiera un intento de acuerdo previo.
La clave del enfrentamiento entre la inmobiliaria -que trabajaba con la extinta Cajasol desde hace más de un lustro- y la entidad está en la inclusión entre las 500 páginas de la escritura de ese préstamo de una adenda con unas condiciones para la disposición del mismo distintas de las que se recogen en el cuerpo de la propia escritura. El notario que visó la firma de esas escrituras, consultado por Ferro, ha aclarado que las condiciones que rigen el préstamo son las del cuerpo de las escrituras, no las de la adenda. Caixabank ha trasladado a la promotora que su asesoría jurídica interpreta lo contrario.
¿Qué cambios suponía esta adenda? Básicamente que la promotora no puede disponer del importe para pagar las obras hasta que no demuestre que ha vendido el 75 por ciento de las 278 viviendas. Las condiciones recogidas en escritura estipulan sin embargo que Ferro podía disponer de hasta el 55 por ciento del crédito, a justificar aportando justificaciones de obra; otro 30 por ciento contra la firma de contratos privados de compraventa; y el 15 por ciento final cuando se escrituraran las viviendas. Nada de esto se ha cumplido.
Suelo de Colonial
El inicio del caso está en la petición que Cajasol le hace a Ferro, a finales de 2008, para que adquiera un terreno en Dos Hermanas que la entidad financiera había tenido que asumir de Colonial, la inmobiliaria que compró el promotor sevillano Luis Portillo, que también trabajaba muy estrechamente con Cajasol. Una filial inmobiliaria de la caja vendió ese suelo a Ferro por 8,8 millones y se comprometió verbalmente con la empresa a facilitarle la financiación para el desarrollo de las 278 VPO. Esa filial estaba presidida por Antonio Pulido, a la sazón presidente de Cajasol en 2008, y su secretario era Lázaro Cepas, a su vez director general adjunto de la entidad en ese momento.
Cajasol presionó a Ferro, según la demanda, con paralizarle la concesión de dos créditos para otras dos promociones de VPO en Tomares (Sevilla) si no aceptaba quedarse con ese solar. Tras adquirirlo, Cajasol otorgó esos dos créditos. Además, para que Ferro pudiera pagar el nuevo terreno de Dos Hermanas, la propia caja le concedió dos créditos: uno de 4,9 millones por el importe oficial del suelo y otro, mediante una hipoteca sobre un suelo hotelero en Islantilla (Huelva), de 5,1 millones. Ferro denuncia en la demanda que el precio del solar de Dos Hermanas se estableció incumpliendo los topes legales que impiden vender un suelo para VPO con sobreprecio. Cajasol lo vendió a 350 euros el metro cuadrado, cuando la ley fijaba 209, según Ferro.
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