El titular del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Madrid, José Silva, ha decidido acusar a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, por las presuntas irregularidades cometidas en la concesión de un crédito de 26,6 millones de euros al Grupo Marsans, encabezado por el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, según han informado fuentes jurídicas a elEconomista.
Aún sigue el juez investigando la operación de compra del Banco de Florida, que también le parece plagada de irregularidades.
La próxima semana recibirá Miguel Blesa el auto acusatorio, una vez que el juez ha constatado en los interrogatorios realizados que el crédito se concedió antes de recibir la autorización de la Comunidad de Madrid, trámite obligatorio al ser Díaz Ferrán consejero de la entidad financiera madrileña.
Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas han revelado que también han sido decisivas las declaraciones del inspector del Banco de España que controlaba Caja Madrid, que llegó a afirmar que "estoy aterrorizado por lo que han hecho en Caja Madrid, ya que no nos habían informado de nada".
Las pesquisas del juez se han centrado estos meses en saber si Blesa mintió al Banco de España acerca de las garantías de los créditos concedidos en Caja Madrid cuando él presidía la entidad. Según han confirmado a este periódico fuentes jurídicas relacionadas con el caso, el magistrado sospechaba que Blesa mostró al organismo supervisor, en concreto, una información que no se correspondía con la realidad respecto a los préstamos que concedió a Gerardo. Blesa había declarado ante el juez que el crédito, concedido en 2007, contaba con el respaldo de la Comunidad de Madrid y del Banco de España.
Falta de garantías
Así, el juez habría podido constatar que Blesa engañó en Caja Madrid al Banco de España al asegurar que los créditos a Díaz Ferrán estaban garantizados cuando era falso.
Tal y como informó elEconomista el pasado 8 de marzo, en un primer momento, el crédito era por 24 millones de euros, de los que se entregaron tan sólo 17 millones y los otros siete millones se le prohibió tocarlos hasta que presentase una oferta indicativa que regularizase la concesión del crédito.
Según consta en el clausulado del contrato de crédito, Díaz Ferrán se comprometía a no pignorar las acciones de Marsans, puesto que sus fincas estaban ya hipotecadas.
En agosto de 2008 dispuso de los 24 millones y otros dos más adicionales. Entonces, se firmó un nuevo contrato sin pignorar las acciones. Las escrituras se remitieron al Comité Financiero y el consejo de administración no tiene noticias hasta diciembre de 2008.
Existe un documento de que se hizo una oferta indicativa, pero según los testigos no hay información al respecto. Posteriormente, el notario ratifica a Bankia que las acciones ya las había pignorado Díaz Ferrán, tras lo que el consejo de administración fue a los tribunales.
El juez Silva ya ha imputado hace unos días a los seis miembros del Comité Financiero de la entidad bancaria de la época, habiéndolos citado a declarar el próximo 22 de mayo. Los imputados son Matías Amat, Ildefonso Sánchez Barcoj, Gonzalo Alcubilla, Fernando Sobrini, Juan Bartolomé y Luis Crespo.
En un auto, emitido por el juez el pasado mes de febrero aseguraba que "de los propios testimonios vertidos por los imputados se deducen indicios de criminalidad inherentes a las manifiestas infracciones de buenas prácticas bancarias, relacionadas con el control del riesgo, ejecución y desenvolvimiento de las relaciones crediticias" entre Díaz Ferrán y Caja Madrid cuando era presidida por Blesa, según concluía el juez.
Sin embargo, de acuerdo con las pesquisas judiciales, Blesa no informó del mismo al consejo de administración hasta un año después y facilitando además datos sobre supuestas garantías que en realidad no existían.
De hecho, según se supo posteriormente, lo que Díaz Ferrán había ofrecido estaba hipotecado ya previamente. Según las fuentes jurídicas consultadas, los avales del crédito se presentaron por sociedades patrimoniales.
Los miembros del Comité de Auditoría de Caja Madrid durante la etapa en la que fue presidente de la entidad negaron al juez que ellos participaran en proceso de concesión del crédito. Fueron Pedro Bedía, Ricardo Romero de Tejada y José María de la Riva, que declararon en calidad de testigos.
El juez apuntaba en su auto de febrero la existencia de un posible acto criminal. "Se deducen indicios de criminalidad inherentes a las manifiestas infracciones de buenas prácticas bancarias, relacionadas con el control del riesgo, ejecución y desenvolvimiento de las relaciones crediticias entre el imputado Gerardo Díaz Ferrán y la entidad Caja Madrid, cuando era presidida por el otro imputado, Miguel Blesa de la Parra", explicó.
Entidades
El gran patrimonio inmobiliario de Blesa
