Presunto espionaje y tráfico de datos. Esos son los cargos de los que se acusa al presidente de Unilever en España, Jaime Aguilera, detenido ayer por la Policía en el marco de la Operación Pitiusa. Aguilera habría encargado supuestamente informes privados a detectives de sus subordinados y de algunos de sus proveedores, controlando incluso el correo de algunos de ellos.
En total, fueron detenidas una treintena de personas entre empresarios, detectives y miembros de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Administración Tributaria, acusados en todos los casos de la compraventa de datos. Entre otros, en la operación, también está supuestamente implicado el exdirector gerente de Mutua Universal, actualmente director ejecutivo de gestión y estrategia de Barcelona Activa, E. G.
Las fuentes consultadas han explicado que Aguilera tuvo que comparecer ayer en comisaría, asistido de un abogado, donde le leyeron sus derechos como detenido y, posteriormente ha quedado en libertad con cargos, a la espera de recibir la citación judicial.
Según consta en el sumario del caso, la multinacional angloholandesa, propietaria de marcas como Knorr, Frigo, Flora o Calvé, habría investigado, entre otros, a Paulo José Fernandes Alves, un alto directivo de la filial española. Según publicó en julio del año pasado el diario El Confidencial, el grupo habría controlado su correo electrónico e investigado incluso a algunas de las empresas con las que trataba, proveedores del grupo, para esclarecer si compraba favores para reforzar su poder en la empresa.
Por su parte, fuentes de Unilever señalaron que Jaime Aguilera, "con el objetivo de colaborar con la investigación relacionada con el caso Pitiusa, hoy -por ayer- ha prestado declaración ante la policía en relación con la supuesta implicación de algún trabajador de la compañía".
Asimismo, recalcaron que el presidente de la Compañía "no se encuentra detenido y manifiesta su total tranquilidad respecto a su implicación y la de Unilever respecto a este tema, y en tal sentido, reitera su predisposición y colaboración en el esclarecimiento del caso."
Además, las misma fuentes explicaron que ayer por la tarde, tras prestar declaración, el directivo se encontraba trabajando en las oficinas de la compañía.
La trama también salpica a otra directiva del grupo. La directora de recursos humanos de Unilever, Yolanda Menal, es quién presuntamente habría contratado los servicios de un hacker para investigar los correos de algunos trabajadores.
Investigación abierta
La operación, que sigue abierta, está dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona, en colaboración con los fiscales anticorrupción Fernando Bermejo y Pedro Horrach, los mismos que están investigando a Iñaki Urdangarín por el caso Nóos.
El origen de estas investigaciones se sitúa en marzo de 2011 en Barcelona por las actividades de un policía local, exdetective privado, que presuntamente utilizaba y cedía datos confidenciales. Posteriormente, se descubrió que formaba parte de una estructura dedicada al mercado de información.
