Las constructoras avisan de que nueva ley de contratos llega en mal momento

Madrid, 13 abr (EFECOM).- La patronal constructora Seopan cree que la próxima entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público es inoportuna, porque ralentizará la licitación de obra pública en un momento en el que se espera que las infraestructuras sean el motor del sector constructor.

En una entrevista con Efe, el vicepresidente ejecutivo de la patronal que agrupa a las grandes constructoras, Julián Núñez, aseguró que la necesaria adaptación de todas las administraciones públicas a la nueva ley, que estará vigente desde el 30 de abril, puede afectar "muy seriamente" al objetivo de que la obra pública compense la paralización del mercado inmobiliario residencial.

El problema, a su juicio, es que el ajuste de los pliegos de contratación de las obras a la nueva ley llevara "bastante tiempo", lo que retrasará las licitaciones durante varios meses, sumándose al parón lógico que supone la formación de un nuevo Gobierno, razón por la que Seopan "no se opondría" a aplazar la entrada en vigor de la ley.

Sobre el papel protagonista que las constructoras de obra pública están llamadas a asumir en un contexto de desaceleración, Seopan considera que el Gobierno debería fomentar la entrada de capital privado en las infraestructuras mediante una apuesta clara por el régimen de concesiones.

En esta línea Seopan tiene previsto presentar al Gobierno antes del verano un conjunto de medidas, entre las que se incluirá la propuesta para que ayuntamientos y comunidades autónomas adjudiquen al sector privado infraestructuras de servicio público en régimen de concesión, algo que de momento sólo se ha hecho en Madrid con algunos hospitales y en Cataluña con las cárceles.

"Esto no significa que se esté privatizando el servicio", afirma Núñez, que defiende la rentabilidad de este sistema, en especial para los ayuntamientos que en los últimos años han tenido en la venta de suelo su principal fuente de ingresos, que en muchos casos ya está agotada.

A ello se une, en el caso del Estado central y las autonomías, el déficit inversor que se generará en los próximos cuatro años con la reducción de los fondos comunitarios y que la patronal cifra en 21.300 millones de euros.

Ese es el capital necesario para mantener la tasa de crecimiento de las inversiones en el 8,57 por ciento anual registrado durante el periodo 2005-2008, años en los que la aportación de los fondos europeos suponía el 0,42 por ciento del PIB frente al 0,24 por ciento que supondrá entre 2009 y 2012.

Según Núñez, los constructores están en disposición de destinar ese dinero al desarrollo de infraestructuras "para que las administraciones públicas puedan seguir haciendo frente al gasto social sin aumentar la inversión presupuestaria".

Para ello, cree que es fundamental acometer el desarrollo de la colaboración público-privada, que está prevista en la Ley de Concesiones "pero sobre la que es preciso aún reglamentar".

"Tenemos unos antecedentes en materia de concesiones muy positivos en nuestro país, unas empresas con experiencia en este tema y un músculo financiero muy importante", explica Núñez, quien considera que la restricción de créditos por parte de las entidades financieras no afectará a los constructores de obra pública tanto como está perjudicando a los que edifican viviendas.

No obstante, la patronal cree que en el desarrollo de la colaboración público-privada será vital establecer "un reparto adecuado de los riesgos" para que no se traslade al modelo concesional "la competencia feroz" que existe en los concursos de obra pública.

Desde hace unos años se ha consolidado la tendencia de adjudicar obras a la oferta más barata, lo que ha hecho que en los últimos cuatro ejercicios el número de proyectos asignados por un importe inferior al de licitación haya pasado del 11 por ciento al 27 por ciento.

Según Núñez, en la última legislatura se producido una escalada de este tipo de rebajas "que no se contiene y a la que es necesario poner coto". EFECOM

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