El Gobierno amenaza con asestar otro duro golpe a la energía fotovoltaica. Aproximadamente, una cuarta parte de la potencia instalada no ha cumplido con los requisitos contemplados en el Real Decreto 1565/2010, que obligaba a adaptar los equipos de las instalaciones para soportar los llamados huecos de tensión, es decir, la capacidad de soportar un fallo en un punto de la red y evitar apagones en cadena.
Por ello, la Comisión Nacional de la Energía ya ha comunicado que dichas instalaciones dejarán de recibir la prima con carácter retroactivo a fecha 1 de enero de 2013, si no presentan en un plazo de 15 días el Certificado de Conformidad.
Los certificadores, entre ellos TÜV, aseguran que en torno a unos 1.000 megavatios de potencia no han adaptado sus equipos, mientras que desde la Unión Española Fotovoltaica (Unef) indican que tan sólo quedan por modificar unos 200 o 300 megavatios (según estimaciones de principio de año), ya que esta normativa afecta a las plantas de más de 2 megavatios o a las de tamaño menor pero que forman una agrupación.
Precisamente, ha habido cierta confusión sobre lo que se considera agrupación de instalaciones, que ha derivado en alguna consulta en este aspecto por la ambigüedad del término. La problemática se centra en que existen instalaciones de diferentes propietarios que cuentan con la misma referencia catastral.
El organismo que preside Alberto Lafuente ya ha identificado las plantas no adaptadas y ha comunicado oficialmente el listado con las instalaciones para las que no tiene constancia de su adaptación.
El plazo límite en el que las plantas debían cumplir con esta normativa era el pasado 31 de diciembre, después de que el plazo se ampliara desde noviembre de 2011. Esta prórroga fue consecuencia de que no se habían desarrollado los procedimientos de operación específicos para certificar dicho cambio.
Ahora, la patronal fotovoltaica considera que el nuevo periodo otorgado ha sido suficiente para cumplir con los requerimientos y adaptar los equipos, a pesar de que en un principio puso de manifiesto que no se lograrían adaptar todas las instalaciones antes de finales de 2012, debido a que los fabricantes cuentan con una fuerza de instalación limitada y que el número de instalaciones afectadas es muy elevado.
Además, los trabajos no comenzaron a desarrollarse hasta abril de 2011, seis meses antes de la primera fecha límite, como consecuencia de los problemas burocráticos iniciales, que retrasaron las negociaciones entre los productores de energía y los distribuidores.
Aries Ingeniería aseguró ayer que está preparada para una oleada de peticiones de certificados.
¿Expropiación encubierta de las solares?
