Todas las entidades que han recibido ayudas públicas procedentes de Bruselas tendrán que abandonar el negocio inmobiliario. Todas a excepción de una, Liberbank, a la que se le ha permitido una pequeña ventana para continuar con esta actividad.
Entre las condiciones impuestas por la Comisión Europea, el grupo que preside Manuel Menéndez podrá conceder créditos para la promoción y el desarrollo inmobiliario por un máximo de 125 millones hasta finales de 2017, fecha en la que concluye el periodo de su reestructuración.
Al resto de bancos que han percibido fondos públicos (Bankia, Novagalicia, CatalunyaCaixa, Banco de Valencia, Caja España, BMN y Caja3) se les ha vetado cualquier desarrollo en la actividad inmobiliaria. La Comisión Europea tan sólo permitirá, bajo aprobación del Banco de España, la renovación de algún préstamo en caso de que sea más negativa su impedimento.
Menos ayudas públicas
Liberbank cuenta con esta dispensa y con alguna otra debido a que el volumen de fondos públicos inyectados son muy inferiores al resto. La entidad ha recibido 124 millones en bonos convertibles, que devolverá en los próximos dos años. Además, es la única que se ha comprometido a salir a bolsa antes de junio.
El banco que lidera Cajastur ha puesto en marcha esta operación, con el objetivo de debutar en el mercado el próximo 16 de mayo. Con ella dará liquidez a los tenedores de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, productos que se transformarán en acciones de la entidad.
Las restricciones sobre el negocio inmobiliario, como al resto, no limitan su capacidad para conceder hipotecas. De hecho, todas las entidades con ayudas financiarán buena parte de los pisos que han traspasado al banco malo o Sareb. El grupo asturiano transfirió 6.000 millones de activos (créditos, viviendas y suelo) con un descuento del 51%.
Entre la limitaciones impuestas a Liberbank destaca la reducción de gastos de personal y cierre de unas 100 oficinas, la desinversión de al menos la mitad de su cartera industrial valorada en unos 1.700 millones y la dejación de otras actividades, como la banca de inversión, banca privada y gestión de fondos.
A pesar de la salida a bolsa comprometida, Bruselas además le acota el reparto de los dividendos. Únicamente podrá repartir beneficios entre sus accionistas hasta la devolución completa de las ayudas y siempre y cuando su ratios de capital se sitúan por encima de los 100 puntos básicos sobre los niveles exigidos por la regulación.
Empezará a cotizar el 16 de mayo
