Morirá matando. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) se ha despachado a conciencia a través de las observaciones que se incluyen en su informe sobre el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones.
En el referido documento, al que ha tenido acceso elEconomista, se denuncia la transferencia de numerosas competencias, en favor del Ministerio de Industria, que contravienen el Derecho comunitario, según la CMT. "El anteproyecto supone una pérdida competencial de 20 funciones que realiza a día de hoy la CMT", indica el regulador.
El regulador también advierte de que la actual redacción puede ocasionar "perjuicios irreparables al desarrollo del mercado", así como incluir relevantes contradicciones jurídicas y provocar el riesgo de interferencias que podrían afectar a los usuarios.
El informe de la CMT se realizó sobre un borrador que no incluía las modificaciones incorporadas al proyecto de ley de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Tampoco contempla las novedades con las que el ministro de Industria, José Manuel Soria, sofocó los ánimos a la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, tras su encuentro del pasado febrero en el Mobile World Congress de Barcelona. En concreto, "la CE había reiterado sus dudas sobre la independencia de la CNMC en el ámbito de las comunicaciones electrónicas", recuerda la CMT.
Por lo pronto, el actual árbitro de las telecomunicaciones considera que el anteproyecto debilita al regulador, es decir, a la futura CNMC, cuyo proyecto ley de creación se encuentra estos días en tramitación parlamentaria. La futura ley, según la CMT, priva sustancialmente a la CNMC de la facultad de ejercer sus competencias ex ante, es decir, de regular de forma preventiva con la imposición de obligaciones reglamentarias a los operadores con posición de dominio de mercado en los casos en los que no exista una auténtica competencia.
El anteproyecto otorga al Ministerio de Industria funciones que para sí demanda el regulador de las telecomunicaciones. Es el caso de la intervención antes de conflicto entre operadores, el registro de las empresas, la gestión y control de los planes nacionales de numeración, la imposición de obligaciones a los operadores que controlen el acceso a los usuarios finales, así como sobre asuntos de interconexión o la gestión de los datos de los abonados. Además, entre otras cuestiones, la CMT reclama para la futura CNMC la resolución de las controversias que se susciten entre los usuarios y los operadores, junto con funciones inspectoras (hasta ahora limitadas a funcionarios de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones) o la incorporación de la CNMC al Consejo Asesor de las Telecomunicaciones.
En el informe de la CMT se deja constancia de que el regulador sectorial español "es la autoridad que cuenta en la actualidad con un menor número de competencias que encomiendan las directivas a las autoridades nacionales de reglamentación", tal y como ya destacó la propia CMT en su análisis del anteproyecto de la CNMC, fechado hace justo un año, en marzo de 2012.
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