El exdirector general de Caixa Penedès, Ricardo Pagès, ha entregado un apartamento en Villafranca del Penedès (Barcelona), un coche de alta gama y acciones para hacer frente a la fianza de más de 10 millones de euros de responsabilidad civil que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Fuentes jurídicas informaron a Efe que el exdirectivo José Abellas ha proporcionado dos fincas de su propiedad para afrontar también su fianza, que en su caso asciende a 1,9 millones.
Pedraz ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si estos bienes son suficientes para soportar las cantidades establecidas, que se corresponden con las pensiones que se adjudicaron mediante pólizas que se blindaron en 2010.
El pasado jueves, el juez dio por concluida la investigación, dando el primer paso para sentarles en el banquillo menos de un mes después de recibir la querella del ministerio público. El magistrado, que ya ha tomado declaración a Pagès, Abellas y los otros dos imputados Manuel Troyano y Juan Caellas, cree que de la investigación se desprenden indicios de que los acusados, se garantizaron "ilícitamente una desproporcionada ganancia patrimonial a costa y a espaldas de la entidad".
Además de Anticorrupción, están personadas como acusación el grupo BMN y el Banco de Valencia, mientras que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) ha mostrado su interés por hacerlo.
En su auto, Pedraz sostiene que Pagès, "prevaliéndose" de su condición y "valiéndose" del exdirector de Recursos Humanos, ya fallecido, Jaume Jorba, y de los otros imputados, "diseñó una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse ilícitamente una desproporcionada ganancia patrimonial a costa y a espaldas de la entidad". Para ello, a partir de 2001 "se autoconcedieron derechos económicos" que no contemplaban sus contratos de trabajo "(de por sí con elevados derechos reconocidos)" mediante la sucesiva suscripción, dotación y novación de pólizas de seguros, que alcanzaron los 23,4 millones de euros.
Esta conducta se prolongó hasta 2010 cuando, con motivo de la integración de Caixa Penedès en el grupo BMN, realizaron actuaciones para blindar los derechos que contenían las citadas pólizas.
Cuando Caixa Penedès se integró en el grupo BMN, que precisó de una ayuda de 916 millones, los cuatro buscaron "algún tipo de cobertura formal o fórmula jurídica con la que justificar su ilícito proceder". Pagès y Jorba cesaron voluntariamente en mayo de 2011 de la entidad, lo que permitió al primero cobrar 10,8 millones y al segundo 2,5 millones, mientras que Abella, que la abandonó antes, percibió 1,9 millones. Los otros dos exdirectivos, que fueron despedidos, no han podido cobrar cantidad alguna de las pólizas, aunque tenían primas contratadas por casi 8 millones.
