El titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva, dispone ya de los primeros indicios de que Miguel Blesa podría haber blanqueado dinero cuando era presidente de Caja Madrid, según han confirmado a elEconomista fuentes próximas al caso.
El magistrado, que investiga la presunta concesión irregular de créditos por parte de Blesa al antiguo dueño del grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, tiene sobre su mesa la documentación remitida por el Servicio Ejecutivo de Blanqueo de Capitales (Sepblac), del Banco de España, de la Guardia Civil, de la Agencia Tributaria, y del Órgano Centralizado para la Prevención del Blanqueo (OCP) del Consejo General del Notariado.
El juez ha emitido un auto, notificado a las partes el pasado lunes, en el que acuerda incorporar toda la documentación aportada a las diligencias procesales, al margen de requerir por escrito al Banco de España y a la Agencia Tributaria la información suministrada en soporte informático y CD (tan sólo los inspectores de Hacienda han facilitado cuatro) y de citar a tres de los miembros del comité de auditoría de la caja en la época de Blesa -Pedro Bedia, representante de CCOO; José María de la Riva, del PSOE; y Ricardo Romero de Tejada, del PP-, que abandonaron la entidad antes del pasado verano.
Indicios de criminalidad
En un auto anterior, que se notificó el día 18 de febrero, el juez decía ya que existían "indicios de criminalidad" e "infracciones manifiestas" en la gestión bancaria, asegurando que aunque Blesa había insistido en que los créditos en Caja Madrid se concedían con plenas garantías, se deducía más bien todo lo contrario de la documentación facilitada por el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo.
El magistrado cuenta además con la información aportada por Bankia, que incluye los libros de buenas prácticas y protocolos bancarios, la identificación de los miembros de su consejo de administración, comisión ejecutiva y comité de auditoría y la localización de los ordenadores utilizados por su expresidente. Entre otras diligencias, y ante las sospechas fundadas de blanqueo de capitales, el magistrado reclamó al director General de Supervisión del Banco de España que enviara una copia, "debidamente testimoniada", de los informes evacuados por los inspectores que ejercían la supervisión sobre Caja Madrid desde 2002 hasta 2010.
Igualmente, había solicitado también a la Dirección General de la Policía que le remitiera información precisa sobre las "salidas y entradas simultáneas" del territorio español tanto de Blesa como de Díaz Ferrán, así como de sus lugares de destino y origen.
Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que, aparte de la documentación suministrada por las distintas instituciones consultadas, resulta muy relevante la facilitada por Bankia, la antigua Caja Madrid, que habría aportado datos muy significativos a la hora de esclarecer los presuntos delitos cometidos por su antiguo gestor.
El juez está investigando, en concreto, un préstamo que Caja Madrid otorgó a Marsans en 2009 por un importe de 26,6 millones de euros, siendo Díaz Ferrán consejero de la entidad, y pese a saber que la empresa se encontraba ya en una situación de quiebra y que había ofrecido como garantía activos ya hipotecados. Eso, además de otros créditos a la familia del también expresidente de la CEOE, por valor de otros 5 millones de euros.
Versiones no verosímiles
El proceso se inició a raíz de una denuncia presentada por el sindicato de funcionarios Manos Limpias, cuya letrada es Virginia López Negrete. El principal problema para Blesa y Díaz Ferrán es que el juez no se ha creído, hasta ahora, ninguno de sus testimonios. "Las versiones de descargo de uno u otro imputado, en el momento actual de la instrucción, no se muestran como mínimamente verosímiles", aseguró en el auto del día 18. Eso, al margen de que, según el magistrado, ambos se han limitado a recurrir las resoluciones adoptadas por el juzgado "sin aportar el menor justificante de pago de los créditos en cuestión".
El juez ha ordenado el secreto de sumario durante un mes para analizar toda la documentación, que incluye los correos electrónicos del antiguo presidente de la caja. En su opinión, es necesario mantener la confidencialidad de los datos intervenidos, ya que si se hicieran públicos "podrían comprometer muy seriamente el fin de los actos de investigación que deben practicarse, dada la posibilidad de que tales correos contengan información financiera y de gestión bancaria de carácter muy significativamente relevante para el desarrollo de esta causa". Si las pruebas acaban por confirmarse, Miguel Blesa podría acabar en prisión.
Indicios de criminalidad en la gestión de Blesa
