
Iberia no está dispuesta a mantener su tamaño actual si pierde dinero. En el caso de que el Gobierno decida aplicar un arbitraje como solución a la huelga y éste acabe en un laudo excesivo (así ocurrió con Iberia Express), la dirección de la aerolínea tiene decidido reducir su capacidad a mínimos hasta que el negocio sea rentable. Así, la compañía aérea se quedaría con las rutas básicas y no aplicaría un plan de crecimiento hasta que el dictamen dejara de estar en vigor.
Según explican fuentes conocedoras del proceso a elEconomista, Iberia no quiere mantener capacidad si no rentabiliza sus operaciones. Precisamente, el plan de transformación que supone en una primera fase la aplicación de medidas duras -el despido de 3.807 empleados- está diseñado para crecer a posteriori en las rutas estratégicas y más rentables, y a futuro tiene prevista una inversión de 2.000 millones de euros en renovación de flota y nuevos productos y servicios.
Pero si se aplica un laudo en el que se impida el suministro de pasajeros de los vuelos de largo radio hacia Latinoamérica o el Atlántico Norte a través de Vueling o de Iberia Express, la compañía estaría atada de pies y manos en muchas rutas que necesitan de este tráfico de clientes para llenar los aviones.
Decisión sin precedentes
Fuentes jurídicas aseguran que si se realizara el arbitraje sería una decisión sin precedentes e la historia judicial, ya que se aplicaría un laudo en medio de un proceso de Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Las mismas fuentes ponen en duda la compatibilidad de ambos procesos, "ya que es una situación jurídica que nunca se ha producido". Con esta última apreciación coincide un portavoz oficial de Iberia que, sin embargo, no hace comentarios respecto a la posible reducción de capacidad de la aerolínea en el caso de que se le aplicara un laudo excesivo.
Para que se produjera un arbitraje de estas características el Gobierno tendría que aprobarlo en consejo de ministros y no todos los ministerios tienen la misma predisposición. Los más proclives son la cartera de Fomento, la que más apoya a los trabajadores de Iberia, y la de Industria, que teme que España y el negocio del turismo pierda conectividad internacional.
En el caso del Ministerio de Trabajo, su actitud es bastante neutral, ya que el ERE que comenzó a tramitar Iberia el pasado martes está refrendado por la legislación laboral que la cartera dirigida por Fátima Báñez ha defendido, y, además, es el modelo que están aplicando muchas empresas para intentar paliar los efectos de la crisis económica en sus balances.
A otros ministerios como Economía o Hacienda les preocupa que el conflicto entre Iberia y los sindicatos acabe con la hipotética ruptura de IAG -la fusión entre la aerolínea española y British-, ya que el Gobierno no podría ayudar económicamente a la compañía aérea española y menos en una situación como la actual, donde Europa ha dotado de liquidez al sistema financiero español para sanearse. No obstante, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, suavizó ayer el mensaje de Fomento en una entrevista concedida a TVE explicando que el Gobierno está pidiendo a Iberia y a los sindicatos "que sean responsables y que dialoguen", y reconoció que la aerolínea tiene que hacer un "proceso de ajustes muy importantes" ante los más de 300 millones de pérdidas, y que el problema "no es tanto de la fusión" sino que "es más del modelo del plan de negocio".
La decisión de reducir la capacidad de Iberia hasta ser rentable si se aplica un laudo no es nueva. Es la misma estrategia que la dirección de la aerolínea ha seguido con su filial Express tras el laudo de Jaime Montalvo, que obligaba a los pilotos de la low cost a entrar en el escalafón único de los comandantes de Iberia, una decisión que acaba con la eficiencia de la compañía presidida por Luis Gallego. Iberia Express ha paralizado su crecimiento, sólo cuenta con una flota de 14 aviones, hasta que los jueces den la razón a Iberia o el laudo deje de tener efecto (algo que ocurrirá a finales de 2014). Pero antes de que llegue esa fecha, tanto la filial como la matriz han vuelto a recurrir el segundo laudo de Jaime Montalvo, emitido el 21 de diciembre, con la intención de que se vuelva a declarar nulo, como ya ocurrió con el primero que dictó el árbitro.
Según consta en el recurso de Express, un documento al que ha tenido acceso este periódico y que se presentó al mismo tiempo que el de Iberia (el pasado 29 de enero), la compañía de bajo coste vuelve a recordar que no ha sido reconocida por el Gobierno como parte en todo el proceso de arbitraje, por lo que no ha podido defenderse.
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