Comité de empresa no contempla la suspensión de pagos o la quiebra de Spanair

Palma, 7 abr (EFECOM).- El presidente del comité de empresa de Spanair, Jordi Mauri, ha manifestado hoy en Palma que aunque la suspensión de pagos o la quiebra de la aerolínea es posible porque "la compañía adeuda mucho dinero" el comité "no contempla esta situación para poder mantener viva la lucha".

"Somos conscientes de que puede darse una suspensión de pagos o la quiebra e incluso hemos debatido exclusivamente este tema en un pleno extraordinario, pero no queremos asumirlo porque sería asumir una derrota y porque creemos que Spanair tiene proyección de futuro y es viable", ha declarado Mauri en una rueda de prensa tras mantener una reunión de una hora con el presidente del Govern, Francesc Antich.

Mauri, que ha valorado la reunión con Antich, ha revelado su satisfacción por el hecho de que el Govern siga "de cerca" la problemática ante la posible venta de Spanair, situación que da "tranquilidad a todos", ha afirmado.

El presidente del comité de empresa ha negado que la mediación del Govern pueda ser calificada de intervencionista, como denunció ayer a un medio de comunicación local el delegado de Air Berlin en España, Álvaro Middelmann.

Según Mauri, "ha sido el Comité de Empresa quien ha solicitado la reunión con el Govern", si bien, ha advertido, que en cambio sí sería intervencionista que el Govern balear declinase posteriormente la balanza "a favor de uno u otro".

En este sentido, Mauri sí ha calificado de intervencionista la postura de la Generalitat de Cataluña por haber declarado públicamente que quiere llevarse la sede de Spanair a Barcelona.

Mauri ha asegurado que valora la posición del Govern como "un compromiso de comunicación y de implicación hasta conocer cuál es el comprador y cuáles sus intenciones", y ha explicado que una vez se sepa, el ejecutivo balear concretará "si puede o no intervenir y de qué forma", según ha indicado Antich en la reunión de hoy.

El máximo representante del Comité de Empresa no ha descartado que la asamblea de trabajadores apruebe "un calendario de actuaciones de presión" con el objetivo de la sede de Spanair se quede en Mallorca y, si no es posible, que los trabajadores se vayan "con las mejores condiciones e indemnizaciones".

Mauri ha criticado que la venta de la compañía sea "un proceso oculto" y que los trabajadores tengan que enterarse a través de la prensa "de lo poco" que se sabe de la misma.

El representante de la compañía ha asegurado que el comité no se pronunciará hasta saber quién es "en realidad el comprador" y no tengan "información concisa y directa".

Con respecto a una posible intermediación en la venta de Luciano Iñigo, director general de Aircomp, Mauri ha asegurado haber oído "algo", pero ha puntualizado que desconocía que se estuviera produciendo, ha mostrado su sorpresa porque esta se lleve a cabo y ha declarado que no debería ser así.

El presidente del comité de empresa ha destacado que lo que negocia Spanair es "una compraventa que afecta a 4.500 trabajadores en toda España", a los que hay que sumar, añadió, "otros 350 trabajadores Aerbal", compañía aérea filial de su propiedad.

Por su parte, el consejero de Movilidad y Ordenación del Territorio, Gabriel Vicens, que ha asistido a la reunión, ha asegurado que, al igual que el comité de empresa, el Govern tampoco realizará ninguna valoración "hasta saber quien es el comprador".

Vicens ha añadido que hasta conocer el comprador el ejecutivo solamente quiere hacer llegar a todos los compradores y a la compañía SAS su "voluntad clara" de que la base de Spanair se mantenga en Palma y que quede asegurada toda su conectividad actual en cuanto a frecuencias y vuelos entre las islas y con el exterior".

A la reunión, solicitada por el Comité de Empresa, han asistido el presidente Francesc Antich; el consejero de Movilidad y Ordenación del Territorio, Gabriel Vicens; la consejera de Trabajo y Formación, Margarita Nájera; el director general de Análisis y Prospectivas, Antoni Arbós; el presidente del comité de empresa, Jordi Mauri; por parte de ASETMA, Félix Magro; Baltasar Piñeiro, de CCOO; Guillermo Villalonga y Lorenzo Bravo, de UGT; José Hernández y José Juárez, de CGT; y Javier Navas, en nombre del SEPLA. EFE

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