Río de Janeiro, 5 abr (EFECOM).- Policías especiales de Brasil intensificaron hoy su presencia en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, para desalojar a empresarios del campo que ocupan tierras en litigio de una reserva indígena.
Los efectivos de la Policía Federal y de la Fuerza Nacional de Seguridad, un cuerpo elite militarizado, forman parte de la llamada "Operación Upatakon 3", cuya primera avanzada comenzó el jueves para retirar a los no indígenas de la reserva "Raposa Serra do Sol".
La Policía Federal dijo en Roraima a medios regionales que en las últimas horas llegó un nuevo contingente de efectivos del "Grupo Especializado de Control Civil" de "combate y desocupación de áreas".
Los agentes recibieron una dotación de vehículos blindados, escudos y armas antimotines no letales, bombas lacrimógenas, aerosol de pimienta y municiones de plástico, según la información.
Según el Ministerio de Justicia, unos 500 policías federales y 100 de la Fuerza Nacional participarán en esta inédita operación que divide a ese remoto estado amazónico de 224.000 kilómetros cuadrados (casi la mitad áreas indígenas) y apenas 324.000 habitantes.
Después de largos años de demandas de los indígenas de Roraima, la Reserva Raposa Serra do Sol fue reconocida oficialmente y delimitada como un área continua por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el 15 de abril de 2005.
Pero, grandes empresarios cultivadores de arroz, ganaderos, pequeños propietarios rurales y trabajadores contratados por las haciendas, todavía se niegan a abandonar las tierras dentro de la reserva de unos 17.000 kilómetros cuadrados en la frontera entre Brasil y Venezuela.
En esa área de sabanas y planicies viven unos 18.000 indígenas de las etnias macuxi, uapixanas, ingaricós y taurepangs.
Hoy, en una entrevista con la estatal Agencia Brasil de noticias el gobernador de Roraima, José de Anchieta Junior, dijo que la delimitación fue negativa para este estado, el más septentrional del país.
"Pero, quedó claro para mí que esa operación (de la Policía) es irreversible y de hecho va a ocurrir", dijo el gobernador, que apoya a los arroceros en este conflicto con los indígenas y pidió al Gobierno federal que detenga el desalojo en ciernes.
En los últimos días los propietarios han radicalizado su posición con bloqueos de carreteras y caminos, especialmente las vías de acceso a la reserva y localidades como Vila Surumu, el centro neurálgico de los conflictos.
Los "blancos" y criollos piden que en último caso el Estado reconozca sus propiedades, que permanezcan en forma de "islas" separadas de la reserva o que en último caso les sean pagadas indemnizaciones por sus bienhechurías.
También piden suspender el desalojo hasta que el Tribunal Superior de Justicia falle en una demanda contra la delimitación continua de la reserva.
Los indígenas que habitan en la reserva a su vez amenazan con ocupar por la fuerza las haciendas, mientras los productores han contratado ex policías armados para reforzar su seguridad.
El viernes el ministro de Justicia, Tarso Genro, dijo que ordenó personalmente la operación policial, aunque confía en un desenlace pacífico.
"Brasil tiene lugares en que la Constitución del 88 demoró para llegar", dijo a corresponsales extranjeros.
"Lo que sucede con Roraima es eso, el estado de derecho está llegando allá", agregó.
Afirmó que los productores privados que han ocupado ilegalmente tierras del Estado se dicen "víctimas de una injusticia por tener que cumplir la ley".
Están armados y tienen el apoyo de autoridades de Roraima para "desafiar el orden basados en una cultura regional".
"Si depende de mí, la orden va a ser cumplida. No queremos ninguna violencia, ningún enfrentamiento. Lo peor que puede suceder es un enfrentamiento armado en la región", dijo Genro.EFECOM
ol/cpy
