La Generalitat ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) un recurso contencioso administrativo contra la resolución de su Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARCC), que obliga a revocar el contrato de adjudicación de la gestión de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) al consorcio liderado por Acciona.
Junto a este recurso, los servicios legales también han remitido un escrito al mismo tribunal en el que solicitan que no aplique como medida cautelar la suspensión de la adjudicación por "interés general" y que "espere a la resolución del contencioso administrativo para tomar una decisión".
Aguas de Barcelona (Agbar), que había pedido al TSJC que suspendiera cautelarmente la adjudicación a su competidor Acciona, tiene ahora un plazo de cinco días para presentar de nuevo alegaciones contra los argumentos esgrimidos por la Generalitat para pedir que no se aplique la suspensión cautelar de la adjudicación, tal y como establece la ley.
Graves consecuencias
Entre los argumentos que utiliza la Generalitat para defender sus tesis, advierte de que la suspensión cautelar tendría "graves consecuencias" sobre la delicada situación económica que atraviesan sus finanzas y que la administración catalana debería hacer frente a las indemnizaciones que reclamaría Acciona, que serían de "magnitudes extraordinarias".
Así mismo, el Ejecutivo que preside Artur Mas reconoce que las consecuencias negativas de la anulación del concurso de privatización afectarían también al desfase presupuestario del Estado español, lo que supondría un nuevo obstáculo para alcanzar el objetivo de déficit del 7 por ciento marcado por la Comisión Europea para España en 2102.
Según el recurso, la Generalitat ha cuadrado las cuentas públicas catalanas con un déficit cercano al 1,5% gracias a que se ha anotado un ingreso de 995,51 millones de euros que recibirá en concepto de canon durante los próximos 50 años, pese a que con la firma del contrato solo se aseguró un primer ingreso de 298,65 millones de euros. Con esta cantidad, el déficit catalán se redujo en un 0,51% en 2012 y, consecuentemente, el español en un 0,009%.
Según el gabinete jurídico de la Administración catalana este recorte del déficit fue la única "motivación y justificación" de firmar el contrato con Acciona antes de cerrar 2012, el pasado 27 de diciembre.
La cuestión de fondo
En el recurso propiamente dicho, la Generalitat reitera su defensa de la mesa de contratación que decidió el concurso y niega que Acciona incumpla el plazo de diez años de ejecución de obras tal y como denunció Agbar y el OARCC admitió en su resolución "ejecutiva". Según el gobierno, Acciona obtuvo cero puntos en este apartado porque se limitó a cumplir los mínimos, mientras que Agbar logró tres puntos porque mejoraba la oferta básica.
El recurso acusa al director del OARCC, Juan Antonio Gallo, de "falta de rigor" por no haber "comprobado o verificado la oferta técnica de Acciona".
La Generalitat forzó a Acciona a firmar