
Red Eléctrica está dispuesta a llevar a un arbitraje internacional a Bolivia si no se producen avances para cobrar una indemnización justa por la expropiación de su filial Transportadora de Electricidad el pasado 1 de mayo.
Según fuentes consultadas por elEconomista, el gestor técnico del sistema eléctrico español podrá llevar ante el Centro de Arbitraje del Banco Mundial (Ciadi) la expropiación de Evo Morales a partir del 6 de enero, ya que se cumplirá el plazo de seis meses necesario para lograr un acuerdo negociado desde que la compañía enviara la carta de controversia al Gobierno boliviano.
La empresa, tal y como ha reiterado en varias ocasiones su presidente, José Folgado, está dispuesta a esperar antes de iniciar formalmente este procedimiento, pero no aclaran cuanto tiempo y reclaman una negociación de buena fe.
La compañía pactó con el ministro de Energía boliviano, Juan José Sosa, darse un plazo de seis meses para alcanzar un acuerdo, pero desde Red Eléctrica no descartan que a partir de ahora este proceso puede seguir en paralelo con el de un arbitraje internacional.
Red Eléctrica siempre ha preferido optar por la negociación antes que por la confrontación para tratar de alcanzar una solución amistosa que parece no llegar nunca por culpa de las dilaciones que está provocando Bolivia ante la división existente en el Gobierno entre la rama más dura del vicepresidente Álvaro García Linera, y la parte más dialogante del ministro de Asuntos Exteriores, David Choquehuanca.
Cantidad insuficiente
Las cantidades barajadas por el Ejecutivo de Morales -apenas siete millones- resultaban claramente insuficientes para la empresa española, motivo por el cual no se descartó desde el principio la vía de la reclamación ante el Banco Mundial, como un comodín al que acudir si fuese necesario.
En un primer encuentro, al igual que el que ahora se va a producir con Iberdrola, se pactó darse un plazo de 180 días que, posteriormente, se amplió a seis meses, pero a estas alturas las negociaciones que deberían haber finalizado en diciembre prácticamente ni existen y la compañía no ha recibido ningún tipo de indemnización, ni comunicación sobre el inicio de una valoración independiente.
Según las cuentas de TDE, esta filial tuvo un coste de adquisición de 91 millones de dólares en 2002 y desde entonces se han invertido en ella un total de 88 millones de dólares adicionales.
Sin valorador
La primera dificultad entre las partes implicadas se produjo a la hora de nombrar un valorador para la filial. Por un lado, la compañía española quería que fuera una empresa de reconocido prestigio internacional la que realizara los cálculos, pero el Ejecutivo boliviano prefería una empresa nacional.
Un total de seis empresas consultoras, entre nacionales y extranjeras, presentaron en el plazo previsto (hasta el pasado 9 de julio) las expresiones de interés necesarias para establecer el valor real de Transportadora de Electricidad (TDE).
La Empresa Nacional de Electricidad (Ende) -la entidad encargada de la elección- tenía que evaluar las propuestas de cada una de las firmas para lanzar posteriormente la convocatoria en la que recibir las propuestas técnicas y económicas de valoración de acciones.
Finalmente, Ende declaró desierto el concurso en agosto y volvió a convocarlo en septiembre. Por el momento se desconoce el resultado de esta convocatoria y Red Eléctrica no tiene conocimiento de que se haya realizado ninguna valoración, tal y como indicaron fuentes consultadas por este diario.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, visitó Madrid a principios de diciembre y en los asuntos a tratar figuraban las expropiaciones, pero según indicaron a este diario en aquel encuentro en Moncloa no se analizó el asunto. Por entonces, no se dio a conocer ningún avance, pero el presidente de Red Eléctrica si que lanzó el mensaje de que el arbitraje era una posibilidad cierta.
El Gobierno español, al igual que en anteriores ocasiones, aseguró que espera que el proceso de evaluación se realice con criterios exigentes de objetividad que permitan establecer la justa indemnización a la que los accionistas tienen derecho sin dilaciones innecesarias, tal y como han reclamado.
Evitar dilaciones innecesarias
Por último, España ha transmitido a Bolivia que las relaciones de cooperación y entendimiento entre los dos países exigen información, colaboración y franqueza por ambas partes en el manejo de éste o cualquier otro asunto de interés común.
Iberdrola y REE ya han sido víctimas de expropiaciones y Repsol sufrió un cambio de contrato, lo que ha convertido al país en un destino ingrato para las inversiones.