
Aunque la constitución del banco malo o Sareb es uno de los pasos claves para cerrar de forma definitiva la reestructuración del sistema financiero español, aún faltan por completarse otros trámites no menos importantes, como la nacionalización de las entidades que no serán capaces de atender los nuevos requerimientos de capital por sus propios medios.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, admitía ayer que BMN deberá ser nacionalizada, al igual que Caja España-Duero si no llega a buen puerto su fusión con Unicaja. A los 37.000 millones destinados a reforzar el capital de las cuatro entidades del llamado Grupo 1 (Bankia, Novagalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia) habrá que sumar una cifra cercana a los 2.000 millones de euros, según los cálculos del titular de Economía.
De Guindos fue categórico ayer al afirmar que las dos entidades serán nacionalizadas parcialmente cuando reciban las ayudas públicas. "Es el proceso que estaba perfectamente establecido en el Memórandum(MoU) que firmamos con la Unión Europea".
En el MoU se establecía que aquellas entidades que no fueran capaces de recapitalizarse por sus propios medios deberían acudir al banco malo y, en caso de necesitar capital adicional éste se recibiría a través de la adquisición de capital por parte del FROB. En esta categoría entraron BMN, Caja España-Duero, Liberbank y Caja3.
El ministro también afirmó que en el caso de BMN la nacionalización "no va a ser completa en absoluto" y que en el caso de Caja España-Duero "está en un proceso de integración que habrá que ver cómo se resuelve definitivamente".
BMN, según el test de estrés de las auditoras y de Oliver Wyman, presentaba un déficit de capital en el escenario base de 368 millones de euros y de 2.208 millones en el estresado, lo que equivale al 7,1 por ciento de sus activos.
El grupo que lidera Caja Murcia había afirmado que esas necesidades se verían menguadas por operaciones de venta y la transferencia de activos inmobiliarios a la Sareb. El acuerdo más importante alcanzado en ese sentido fue la venta de sus sucursales en Cataluña al Sabadell (casi coincidente con la aportación financiera de Caixa Penedés a BMN), que se cederán una vez los activos inmobiliarios se hayan traspasado a la Sareb. De este modo se esperaba que no se precisaría una inyección superior a los 500 millones de euros, que preveía recibir en forma de bonos convertibles contingentes (CoCos), para devolver en cinco años.
Sin embargo, su pertenencia al Grupo 2, el de las entidades que se ven obligadas a acudir a la Sareb sólo le permite recibir ayudas mediante la entrada del sector público en su capital.
Ayer, tras las declaraciones del ministro de Economía, no sólo admitía esta vía de recapitalización, sino que, según recoge Reuters, afirmaba que la participación del Estado será mayoritaria, es decir, superior al 50 por ciento. El porcentaje definitivo dependerá, en primer lugar, del volumen de ayudas públicas que precise y, en segundo lugar, de la valoración que se realice de la entidad financiera.
Respecto a Caja España-Duero, su futuro también será la de tener al Estado, a través del Frob, como accionista mayoritario, a no ser que se logre un acuerdo satisfactorio para que Unicaja la absorba.
Liberbank y Caja3
Los otros dos bancos encuadrados en el Grupo 2, aunque en principio no se contempla su nacionalización parcial, deberán esperar a que Bruselas dé el visto bueno a sus planes, el próximo 20 de diciembre.
Caja3, al igual que Caja España-Duero, depende de sus conversaciones con Ibercaja, mientras Liberbank confía en que el traspaso de activos tóxicos a la Sareb, más desinversiones y la entrada inversores privados, basten para conseguir la solvencia exigida.
En todo caso, si alguna de estas dos entidades precisa inyecciones de capital y si Bruselas no modifica los criterios establecidos en el MoU, también deberían recibir la ayuda a través de la compra de acciones por parte del Frob.
El futuro inmediato de las cuatro entidades se despejará muy pronto, ya que la Comisión Europea, como antes mencionamos, se debe pronunciar el próximo jueves, día 20, sobre sus planes de reestructuración.
También anticipó De Guindos lo que se puede esperar tras este trámite, ya que afirmó que el proceso "será muy similar" al seguido por las nacionalizadas. Es decir, limitaciones a su negocio, imposición de desinversiones, ajustes de capacidad y de plantilla y reducción de su balance.